2025-08-22

Justicia laboral

Condenan a un complejo turístico por un despido encubierto

Una trabajadora denunció haber sido presionada para firmar su renuncia. La Justicia le dio la razón y ordenó a la empresa pagar más de 17 millones de pesos en indemnizaciones y haberes adeudados.

Una empleada de limpieza de un complejo turístico de Bariloche fue obligada a firmar una renuncia bajo presión, tras ser apartada de sus tareas y amenazada por su jefa con no poder retirar sus pertenencias. La Cámara Laboral que intervino en el caso consideró probado que se trató de un despido encubierto y condenó a la firma al pago de más de 17 millones de pesos.

La mujer trabajaba como mucama desde principios de 2023, con jornada completa. Durante todo ese tiempo fue la única empleada estable en esa función, mientras que en temporada alta se incorporaban refuerzos. Su esposo también trabajaba en el lugar como encargado de mantenimiento, compartiendo horarios y antigüedad.

El conflicto comenzó cuando él recibió una sanción por carta documento y fue apartado de sus tareas. Al día siguiente, la trabajadora fue convocada por la encargada, quien le pidió que convenciera a su marido de presentar la renuncia. 

Ante su negativa, la mujer fue hostigada con acusaciones de supuestas fallas laborales, interrumpida en sus tareas y finalmente expulsada del predio. Poco después, se le exigió que redactara de puño y letra su renuncia, bajo la amenaza de no poder retirar sus pertenencias y de recibir una denuncia penal contra ella y su esposo.

Con asesoramiento del gremio UTHGRA, la empleada envió de inmediato un telegrama para anular la renuncia y reclamar el pago de haberes y aguinaldo. La empresa, en su descargo, la acusó de inventar un conflicto para obtener una indemnización, pero no abonó lo reclamado.

El tribunal resolvió que la renuncia careció de validez, ya que no fue voluntaria, y valoró la reacción inmediata de la trabajadora. También comprobó que la firma no había pagado el sueldo de junio ni el aguinaldo y que los recibos presentados carecían de validez. 

En consecuencia, ordenó el pago de más de 17 millones de pesos en concepto de indemnizaciones, sueldos atrasados y recargos por incumplimientos legales. La sentencia, dictada en primera instancia, aún puede ser apelada. (ANB)

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