Cuestionan la convocatoria a audiencia pública por la planta flotante de gas en San Antonio Este

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro convocó a una audiencia pública para el próximo 16 de septiembre en el Puerto de San Antonio Este, en el marco del proyecto impulsado por la empresa Southern Energy S.A. para instalar una nueva planta flotante de licuefacción de gas (FLNG MKII).

La iniciativa recibió fuertes cuestionamientos y motivó la presentación de un recurso de revisión por parte de la legisladora rionegrina María Magdalena Odarda, quien advirtió que la modalidad definida (solo presencial, en un día hábil y en un lugar alejado) constituye una barrera que desalienta y restringe la participación ciudadana en un tema ambiental de enorme envergadura.

En su presentación, Odarda recordó que tanto la Ley General del Ambiente (Nº 25.675) como la Ley Provincial 3266 y el Acuerdo de Escazú obligan a garantizar mecanismos de participación efectivos, inclusivos y en condiciones de igualdad.

Además, subrayó que la propia normativa provincial establece que la audiencia debe realizarse en el lugar más cercano al emprendimiento, que en este caso sería el balneario Las Grutas, con mayor accesibilidad para la población.

La legisladora también señaló que existen antecedentes inmediatos en la provincia donde se habilitó la modalidad virtual o mixta en audiencias públicas, como en el caso de los aumentos tarifarios de servicios públicos. “Resulta inexplicable que, cuando se trata de un emprendimiento de alto impacto ambiental, el Gobierno limite la participación únicamente al formato presencial”, expresó.

Otro de los puntos planteados refiere al trato desigual hacia legisladores críticos en audiencias anteriores, donde —denunció— se les otorgó menos tiempo de exposición que a quienes defendían los proyectos en debate. En esta ocasión, exigió que se garantice la participación tanto presencial como remota, que la sede sea trasladada a Las Grutas y que todos los expositores cuenten con la misma igualdad de condiciones.

Finalmente, Odarda advirtió que de no cumplirse estas garantías, la audiencia pública “carecerá de transparencia, respeto e igualdad, convirtiéndose en un simulacro de participación”. En ese caso, sostuvo que el acto administrativo sería nulo de nulidad absoluta por violar la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. (ANB)