¿En qué quedó la designación del Defensor del Pueblo?

Perdura la falta de acuerdo en el Concejo para cubrir la Defensoría del Pueblo. El mandato de Analía Woloszczuk, última titular a cargo, venció el 4 de junio y la institución sigue acéfala. 

La designación podría resolverse a partir del segundo período del año, que se retoma esta semana, en la que uno de los candidatos debe contar con mayoría especial de 8 votos, como lo establece la Carta Orgánica. 

Las voluntades de los concejales no encuentran un punto en común. El candidato que más cerca está de lograr los dos tercios de los votos es el abogado y extitular de Anses en Bariloche Juan Manuel Mandagarán, que después de la renuncia de la candidatura de Diana Garrafa (PUL) es el único candidato referenciado a una agrupación política, La Cámpora.

Una situación similar sucedió en 2021, cuando el cargo permaneció vacante durante 15 días. En ese punto, no existe un apartado específico de la Carta Orgánica que legisle, más que el acuerdo de los miembros del Concejo.

Al parecer, una cuestión existencial para la Defensoría sí tuvo resolución en los últimos días. Según informó personal de planta de la institución, se renovó el contrato de locación de la oficina de Quaglia 740, cuya prórroga extiende el alquiler del inmueble hasta enero de 2026.  La última extensión del arriendo vence el 31 de julio y debía llevar el consentimiento de la autoridad a cargo. De acuerdo con lo expuesto, la decisión de prorrogar el alquiler habría sido firmada por un funcionario municipal.

A pesar de no contar con una cabeza política en la institución, los trabajadores administrativos siguen recepcionando demandas de la población para casos que requieren mediaciones, consultas por obras sociales, falta de medicamentos y conflictos de convivencia barrial, aunque, según indicaron, la demanda mermó en el invierno.

La Defensoría sigue abierta, brindando atención de lunes a viernes, en el horario de 8 a 15 horas.  Allí, son cuatro las empleadas que asisten las inquietudes de la comunidad, en acciones como fomentar mesas de diálogo, mediaciones, asesoramiento administrativo, entre otros trámites.