Río Negro exige a Nación el reparto equitativo del impuesto al combustible

En lo que va de 2024, el Gobierno Nacional decidió eliminar los subsidios al transporte público de pasajeros en todas las provincias, con la única excepción del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que continúa recibiendo $74.000 millones mensuales para sostener el servicio. Esta medida profundiza una histórica desigualdad que se sostiene con recursos que, por ley, deberían distribuirse entre todas las jurisdicciones.

La Ley 23.966 establece que lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos, un tributo que pagan todos los argentinos cuando cargan nafta, debe ser destinado, entre otros fines, a subsidiar el transporte público y a obras de infraestructura vial en las provincias. Sin embargo, ese reparto no se está cumpliendo.

Solo en concepto de subsidios al transporte, Nación debió enviar este año a las provincias unos $55.000 millones, a los que se suman otros $29.000 millones ya recaudados, que tampoco fueron distribuidos. Río Negro, al igual que el resto del país, no recibió ni un solo peso desde 2023.

A pesar de esta situación, el gobierno rionegrino continúa sosteniendo el servicio con recursos propios. En 2024, destinó más de $3.581 millones para garantizar el funcionamiento del transporte público, y tiene previsto destinar $4.115 millones a lo largo del año, cubriendo el costo creciente de las tarifas, insumos y distancias que caracterizan la geografía provincial.

Actualmente, Río Negro subsidia a las empresas de transporte de corta y larga distancia que realizan recorridos dentro del territorio por más de $2.535 millones anuales, con prioridad en las zonas de mayor demanda como la Andina y el Alto Valle. Además, aunque no es competencia provincial, también se destinan $1.580 millones anuales para sostener el transporte urbano en las localidades de Cipolletti, General Roca, San Antonio Oeste, San Carlos de Bariloche, Sierra Grande, Viedma y El Bolsón.

A modo de ejemplo del contraste con la situación en el AMBA: mientras allí un pasajero paga $546 para recorrer entre 12 y 27 kilómetros, en Río Negro el boleto puede alcanzar los $2.000, incluso con subsidio provincial, para distancias menores.

Frente a este escenario, el gobernador Alberto Weretilneck (junto a otros 22 mandatarios provinciales) impulsa un proyecto de ley para establecer un esquema más justo en la distribución de los fondos del impuesto a los combustibles. La propuesta busca derogar el actual Fondo para el Sistema de Infraestructura del Transporte, que concentra los recursos en Nación, y plantea un nuevo reparto: 43% para Nación y 57% para las provincias.

El reclamo por equidad fiscal y federalismo en la distribución de los recursos continúa creciendo entre las provincias, que sostienen con esfuerzo servicios esenciales ante la ausencia de apoyo nacional. (ANB)