Desregulación
El Gobierno Nacional eliminó la tasa anual obligatoria para usuarios de armas de fuego
El Gobierno Nacional eliminó la tasa anual obligatoria para usuarios de armas de fuego y extendió a cinco años el plazo de vencimiento de las inscripciones. Mediante la Resolución 77/2025, publicada en el Boletín Oficial, se establece un nuevo plazo de vencimiento de las inscripciones en los rubros comerciales de fabricante de armas de uso civil, de uso civil y uso civil condicional, de municiones, de materiales de usos especiales, talleres de armado y de reparación de vehículos blindados, verificación y repotenciación de instalaciones blindadas y de vehículos blindados y recargador comercial de munición.
Asimismo, se ordena suprimir el pago de la tasa anual para los legítimos usuarios comerciales, colectivos, cinegéticos y entidades de tiro. Estos usuarios sólo tendrán la obligación de informar ante la ANMAC, dentro de los 30 días, las modificaciones de los requisitos cumplidos al momento de su inscripción, si se hubieran producido.
Cabe recordar que, a fines del año pasado, el Gobierno, a través de otro decreto, había bajado de 21 a 18 años la edad para poder ser legítimo usuario de armas en la Argentina.
En la actualidad, el arancel para los usuarios que cuesta entre 20.000 y 200.000 pesos, según la categoría, se abonaba de forma anual y ahora será cada cinco años.
Estaban obligados a pagar una tasa anual los usuarios comerciales, colectivos, de caza y entidades de tiro, incluso aquellos con autorizaciones con vencimiento cada cinco años. Al mismo tiempo que, en cada renovación, debían declarar modificaciones en la composición societaria o la de su dirigencia.
Con esta resolución, el Gobierno argumenta que se busca "aligerar procesos sin debilitar los controles. El objetivo es claro: reducir cargas innecesarias y facilitar el cumplimiento normativo a quienes, desde distintos sectores, aportan al desarrollo industrial, deportivo y comercial del país", explicaron a través de un comunicado sobre la resolución del Ministerio de Seguridad.
La nueva normativa se aplica en el marco de la simplificación y desregulación del Estado, con el objetivo de reducir la burocracia y el gasto de los ciudadanos.