Con nueva ley, Río Negro incorpora huellas genéticas y penas más duras por delitos reiterados

En una sesión extensa, la Legislatura de Río Negro aprobó este jueves (05/06) una ley clave para la política de seguridad provincial. La norma crea el Registro Provincial de Huellas Genéticas (RPHG) e incorpora el instituto de la reiterancia delictiva como causal de prisión preventiva. 

La propuesta, impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck, fue aprobada por mayoría y no estuvo exenta de polémica.

“Con estas reformas, el mensaje es claro: en Río Negro los delitos tienen consecuencias. Estamos del lado de las víctimas, protegiendo a cada rionegrino y rionegrina que quiere vivir en paz”, expresó el mandatario tras la sanción.

Reiterancia delictiva: prisión preventiva ante múltiples causas

Uno de los puntos centrales de la nueva norma incorpora la figura de reiterancia delictiva, que habilita a los jueces a evaluar la prisión preventiva cuando una persona posee más de un proceso penal activo con formulación de cargos. Se trata de una pauta objetiva que, según el oficialismo, apunta a cerrar la llamada “puerta giratoria” judicial.

Durante el debate, el legislador Lucas Pica (JSRN), miembro informante del proyecto, explicó que la iniciativa “busca ponerle un cerrojo a la impunidad y a las puertas que giran en el poder judicial”, citando casos concretos con más de diez delitos cometidos por una misma persona en menos de un año y medio.

Además, defendió la constitucionalidad de la medida, al sostener que no se trata de una condena anticipada sino de una herramienta para garantizar el proceso judicial.

La norma también modifica el análisis de la situación de libertad, permitiendo considerar la reiteración de delitos como un riesgo procesal. Esto habilita a los fiscales a solicitar la prisión preventiva y a los jueces a denegar la exención de prisión en casos graves.

Un banco genético para investigar delitos

La ley también crea el Registro Provincial de Huellas Genéticas, una herramienta moderna que permitirá comparar perfiles genéticos recolectados en escenas del crimen con los de imputados o condenados. El objetivo es agilizar investigaciones, esclarecer hechos y prevenir nuevos delitos.

El banco incluirá perfiles de personas condenadas, imputadas con formulación de cargos, menores con responsabilidad penal declarada y personal de fuerzas de seguridad. Además, podrá utilizarse para la búsqueda de personas desaparecidas o fallecidas sin identificar.

Un debate atravesado por el garantismo y los derechos humanos

El debate parlamentario puso en evidencia diferencias de criterio entre los bloques. Mientras que legisladores oficialistas y aliados destacaron el fortalecimiento de las herramientas judiciales y el “cambio de época” que pone a las víctimas en el centro, desde algunos sectores de la oposición se advirtió sobre posibles violaciones a garantías constitucionales, como el principio de inocencia.

Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos) criticó el proyecto por su carácter “tribunero” y cuestionó la falta de consulta con organismos judiciales y académicos. Por su parte, Magdalena Odarda y Ana Marks rechazaron abiertamente el concepto de reiterancia, al que calificaron de “inconstitucional” y “punitivista”.

También hubo cuestionamientos sobre la viabilidad de aplicar esta ley en un sistema penitenciario colapsado. “¿Existe una política carcelaria que acompañe este proyecto?”, se preguntó Fernando Frugoni (CC-ARI Cambiemos), advirtiendo sobre el riesgo de agravar la superpoblación en cárceles.

Una estrategia integral de seguridad

La ley se suma a otras reformas recientes promovidas por el Ejecutivo, como la ley de Doble Instancia, que impide que una persona condenada en dos instancias siga en libertad mientras espera resoluciones extraordinarias.

El gobernador Weretilneck reafirmó que la provincia busca “proteger a las víctimas, respaldar a la Justicia y darle a cada rionegrino la seguridad que merece”. Y agregó: “Con estas herramientas, le estamos cerrando la puerta a la impunidad”.

La nueva legislación marca un giro firme en la política criminal rionegrina y abre un nuevo capítulo en la discusión sobre los límites entre seguridad, garantías procesales y derechos humanos. (ANB)