La justicia cerró la causa por el vertedero porque ya existe una ordenanza vigente

A más de una década de denuncias por la contaminación ambiental generada por el vertedero municipal, un fallo judicial y una resolución del Ejecutivo local vuelven a poner el tema en el centro del debate: ¿se va a cerrar definitivamente el vertedero municipal?

El juez Cristian Tau Anzoátegui, de la Unidad Jurisdiccional Civil Nº 5 de Bariloche, resolvió recientemente que el reclamo judicial colectivo por el cierre del Centro de Residuos Urbanos Municipal (CRUM) se volvió "abstracto", ya que el propio Municipio había dictado en 2022 una ordenanza (3349-CM-22) que establecía su cierre definitivo para diciembre de 2023. Para el magistrado, la cuestión central de la demanda ya estaba resuelta por vía legislativa, sin necesidad de una sentencia que lo ordene.

Sin embargo, y pese a que en los papeles el cierre ya debería haberse concretado, el vertedero sigue funcionando. Para el juez, esto no pasa desapercibido: por eso ordenó una pericia ambiental para verificar el estado actual del CRUM, evaluar su funcionamiento y confirmar si el Municipio cumple con los compromisos asumidos en 2019.  

A este panorama se suma un nuevo obstáculo: el financiero. El Concejo había sancionado la Ordenanza 3501-CM-25, que afectaba fondos provenientes de regalías provinciales para avanzar con el cierre del vertedero.

Sin embargo, el Ejecutivo vetó la medida argumentando que esos fondos ya tienen un destino definido por la Ley Provincial Nº 5733: la construcción del puente sobre la calle Wiederhold. Reasignarlos, sostuvo el Intendente, sería ilegal y violaría convenios firmados con la Provincia.

Las organizaciones vecinales esperan que esta vez la pericia efectivamente se realice, a diferencia de lo ocurrido en 2019, cuando se utilizó como excusa para postergar decisiones.

En este nuevo escenario, también destacaron positivamente que el bono petrolero provincial sea destinado a realizar los estudios técnicos para el cierre y relocalización definitiva del vertedero. No obstante, rechazaron el veto del Intendente a la ordenanza que proponía justamente ese uso de los fondos, y exigieron al Concejo Municipal que ratifique la normativa.

“Es la primera vez que hay recursos concretos para empezar a cumplir con una ordenanza que lleva años sin aplicación efectiva. Esta sentencia confirma que ya no se puede seguir postergando una solución al problema del vertedero”, señalaron desde el grupo de vecinos que impulsó el amparo.

El juez, aunque da por terminada la discusión judicial por considerar que el Municipio ya decidió el cierre, no desconoce que "podrían existir dificultades e inconvenientes para cumplir en tiempo y forma". Por eso, sugiere que ante incumplimientos, la vía para reclamar será administrativa y no judicial, como había sido hasta ahora.  (ANB)