Más de mil firmas contra el cierre de la agencia PAMI

El 30 de abril vence el plazo para desalojar la agencia PAMI de calle Brown y aún así las autoridades de la institución parecen inmutables. Los diferentes reclamos y solicitudes de parte de trabajadores y usuarios no fueron respondidos por quienes están a cargo de la obra social pública y crece la incertidumbre.

A lo largo de varios meses, la comunidad del PAMI de El Alto reunió más de 1000 firmas contra el cierre de la sede que brinda un servicio crucial para los jubilados de los barrios del sur, respondiendo entre 150 y 200 consultas diarias.

Esta semana, la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) se sumó al reclamo contra el desalojo y envió una carta documento al titular provincial de PAMI, Ignacio Viñals. ANB dialogó con Ovidio Zúñiga, referente histórico del sindicato gastronómico local, quien manifestó su preocupación ante la situación crítica de la obra social pública.

“La delegación está ubicada en un lugar estratégico de la ciudad, más cerca de la zona donde viven los jubilados más vulnerables que perciben la mínima. Me parece lamentable que las autoridades no hayan pagado el alquiler del predio y que por eso los tengan que desalojar”, expresó.

“Nosotros no estamos tratando de sectorizar, sino de unificar el reclamo, no solo de nuestros afiliados, sino de todos los jubilados. Estamos reclamando que la sede no se mueva de aquí y que den respuestas claras”, aclaró Zuñiga.

Pero la lucha contra el cierre de la agencia develó una ausencia significativa. Fabián Tummino, trabajador del PAMI local, aseguró que hubo un pedido expreso de intervención al ejecutivo municipal, pero que tampoco llegó a buen puerto.

Según informaron desde la asamblea de trabajadores y usuarios, Diego Díaz, representante de la Intendencia de PAMI, propuso que sean los mismos trabajadores los que busquen opciones de arriendo en la ciudad, pero, ante las propuestas enviadas, la respuesta siempre fue la misma: “Son valores demasiado elevados para la institución”. Señalan que el límite del presupuesto para destinar al alquiler de un edificio es de menos de un millón y medio de pesos, algo relativamente acotado para los montos que se requieren en Bariloche.

El CAP tiene asignados 5594 afiliadas y 3582 afiliados, lo que representa un total de 9176 personas adultas mayores a las que habría que sumar las afiliadas y los afiliados provenientes de la Línea Sur o aquellos provenientes de otros lugares del país por razones turísticas o de visita a familiares.

El cierre inminente de la agencia inaugurada en 2010 genera la angustia de jubilados y trabajadores que todos los miércoles vuelven a movilizarse contra la política de "vaciamiento" hacia los organismos públicos por parte del gobierno de Milei.