Milei eliminó el organismo que busca niñas y niños apropiados durante la dictadura militar

En medio del bochornoso episodio y posterior investigación judicial sobre la visita de legisladores de La Libertad Avanza a represores condenados de la última dictadura militar en la cárcel de Ezeiza, el Gobierno decretó el cierre de la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños de la CONADI.

La medida se hizo oficial a través del decreto 727/2024, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial. Se derogó así, el decreto 715 del 9 de junio de 2004, mediante el cual se creaba la unidad especial.

ANB dialogó con Germán Schwartz, referente de HIJOS Bariloche sobre el sistemático vaciamiento de los organismos de Derechos Humanos que lleva adelante el Gobierno nacional. “Es bastante lógico que este gobierno desfinancie y trate de cerrar la CONADI. Es una decisión en línea con lo que Milei hace en contra del pueblo argentino todos los días. Lo que hacía esta Unidad de Investigación era facilitar a la Justicia las herramientas para los procesos judiciales. O sea que de esta manera, le va a salir más caro a la Justicia tener que implementar todos los elementos para la investigación de los casos, algo que se había resuelto desde 1992. Es parte del vaciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos que lleva adelante este Gobierno fascista” exclamó.

“Nosotros desde HIJOS Bariloche repudiamos esta política de Milei y abrazamos a nuestras queridas abuelas de Plaza de Mayo y su lucha inclaudicable por recuperar la identidad de los 300 nietos que todavía faltan”. 

Las facultades de este organismo eran la de asistir a todos los requerimientos de la Conadi, como a las “peticiones judiciales o provenientes de fiscales, que se formulen en las causas instruidas en ocasión de los hechos citados en el artículo precedente, como así también en las investigaciones conexas desprendidas de los expedientes principales, o que de cualquier manera se vinculen con ello. Además, podía “también efectuar investigaciones por iniciativa propia, debiendo comunicar sus resultados a las autoridades judiciales y del Ministerio Público Fiscal”.

Para esta decisión, el Gobierno consideró que es algo que “violenta el régimen constitucional”, así como tampoco considera que tenga “sustento constitucional” el hecho de que un organismo dependiente del Ejecutivo lleve a cabo medidas y tenga competencias que corresponden a otro poder del Estado.

Además, lo establecido en el Boletín Oficial plantea que para proteger los derechos fundamentales, “resulta esencial la investigación judicial de los hechos referidos a los fines de esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron, permitiendo el conocimiento de la verdad por parte de los familiares de las víctimas y la sociedad, así como el castigo de los responsables y la adopción de medidas preventivas para evitar la repetición de dichas violaciones”.

Desde su creación en el año 1992 la Conadi desarrolló cientos de investigaciones y accedió a miles de archivos, funcionando dentro de la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich celebró en sus redes sociales el accionar del Gobierno y descalificó la labor de la Conadi, diciendo que se trataba de un organismo militante. (ANB)