Fuerte denuncia pública del Parlamento Mapuche contra medios de comunicación de la provincia

Debido a un artículo periodístico publicado el sábado 13 de junio, la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro realizó una denuncia pública y solicitó derecho a replica por la utilización de imágenes y la tergiversación de información, respecto a los proyectos mineros que pretende impulsar el Gobierno encabezado por Alberto Weretilneck.

En el comunicado se señala que el medio digital “Noticias Net” cuya presidencia está a cargo de un ex fiscal llamado Pablo Bergonzi, publicó una nota titulada: “Minería, una oportunidad de desarrollo sin precedentes”. En la misma aparecen en una foto, miembros de la comunidad originaria que históricamente se opusieron a los proyectos extractivistas en la región abrazando a la abuela del intendente de Ingeniero Jacobacci. La Coordinadora asegura que la imagen es utilizada en beneficio de la gestión política que impulsa la minería en la provincia. 

El descargo público sostiene que “este accionar que une al gobierno de Juntos Somos Río Negro y a medios de comunicación privados lo venimos a denunciar, en este escrito, como un acto vergonzoso, irrespetuoso, arrastrado, macabro, violador de todo derecho que podemos tener como persona; carente de ética por parte del ejecutivo municipal de Jacobacci a cargo de José Pepe Mellado y el gobierno provincial de Alberto Weretilneck”.

El texto indicó que “este círculo de relación entre gobiernos y medios privados cierra con individuos del Poder Judicial. Pablo Bergonzi, ex fiscal, es gerente de los medios digitales: NoticiasNet y El Cordillerano, medios que junto a ANRoca, Cipo360 y 7EnPunto, se encuentran nucleados en la empresa privada de medios de comunicación llamada “Grupo 360 Medios”. Es decir, todo un aparato de concentración de medios de difusión privados que trabajan en pos de legitimar el plan provincial minero a través de mecanismos perversos como la manipulación de la imagen y la información valiéndose esta vez de usar una imagen tomada en otro contexto para crear el imaginario, y hacer creer a la sociedad entera que en la localidad de Ingeniero Jacobacci hay licencia social para la explotación contaminante minera”.

En diálogo con ANB, Orlando Carriqueo, Werken de la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Rio Negro sostuvo que no se contemplan las voces de los pueblos originarios en la mayoria de los medios de comunicación, y que no tuvieron derecho a replica. “Lo más grave de todo esto es que el Gobierno utiliza medios de comunicación privados para promover la minería.  Que se utilice la imagen de referentes del pueblo mapuche que históricamente estuvieron en contra de estos proyectos, como  la Pillankushe Maria Torres, lamgen Luis Millavil, que también sacó un video indignado por la utilización de su imagen para esto. Y en razón de que varias discusiones históricas ponen a la prensa como el cuarto poder de la democracia, hoy nos encontramos denunciando en Río Negro, un escenario donde el poder legislativo, tiene una clara mayoria a favor del ejecutivo y el Poder Judicial, que debiera resguardar los derechos colectivos, también falla a favor del Gobierno avalando el extractivismo" dijo.

“Se vieron varias notas en medios de comunicación de alcance provincial, en las que el Gobierno explicita claramente su política extractiva, y nosotros nunca tuvimos posibilidad de contestar nuestra posición como pueblo preexistente. Una gacetilla del Gobierno provincial se transforma en una noticia y eso es grave para la democracia” expresó Carriqueo.

Distintos referentes de las comunidades originarias señalaron que, a partir de la aprobación de la Ley Bases y el RIGI, se pretende dar luz verde a proyectos mineros que no cumplen con las reglas internacionales de impacto ambiental y consulta previa para la licencia social.

En este sentido, Carriqueo expuso textualmente: “los gobiernos se están olvidando de los tratados internacionales del derecho indigena. Por más RIGI y Ley Bases que haya, tratando de fomentar ciertos beneficios para las mineras y petroleras, la seguridad jurídica en territorio comunitario no está dado por ninguna norma que pretenda tener ese alcance. En ese marco decimos que estos procesos que se viven en otros países también de Latinoamérica, son un grave retroceso para la democracia”.