Con otra intimación a Nación, Río Negro exige el pago de aportes escolares

La relación entre el gobierno provincial y el nacional se torna cada vez más tenso y las últimas decisiones del Presidente en referencia a las distintas provincias, generaron fuerte impacto en distintos sectores. Ahora, a la carta documento enviada por los recursos naturales de Río Negro, se suma otra intimación en relación a los fondos educativos.

Fue la ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos, la que ahora encabezó una acción legal dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, y al secretario de Educación, Carlos Torrendell, solicitando que en un plazo de 48 horas se realice la ejecución de la Ley de Financiamiento Educativo.

Esta normativa, prevé una asignación específica de recursos coparticipables equivalente al 60% del incremento en la participación del gasto consolidado en educación, ciencia y tecnología en el Producto Interno Bruto.

Lo mismo se exigió con el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID- Ley N° 25.053), Conectividad y Material Didáctico, las cuales prevén la remisión de fondos a cada jurisdicción provincial y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destinados específicamente a la mejora del salario de los docentes.

El pasado 8 de febrero se confirmó la decisión del gobierno nacional de no enviar más el FONID, un aporte con el que la provincia liquida a los docentes sumado a un componente de conectividad, lo que constituye un 8% del salario neto y la falta de estos recursos implicaría una disminución salarial significativa.

La carta documento enviada por la ministra de Educación, indica que “el desfinanciamiento intempestivo e imprevisto por parte del Estado Nacional pone en peligro el ejercicio del derecho de enseñar y aprender consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional, los tratados internacionales incorporados a ella, y en la Ley de Educación Nacional (Ley N° 26.206), así como también el cumplimiento de los objetivos previstos en la Ley Orgánica de Educación N° 4819 y Leyes financiamiento educativo e incentivo docente”. En caso de no tener respuestas se advierte que se iniciarán las acciones legales pertinentes.

La Ley de financiamiento Educativo tiene su encuadre legal y financiero en el Decreto N° 88/2023, el cual prórroga la ley de presupuesto N° 22701 del mismo período, asegurando allí la distribución automática de los recursos.

“En el análisis integral del sistema educativo en su conjunto, no sólo la incertidumbre sobre el Incentivo Docente es nuestra preocupación, sino que una parte imprescindible para el funcionamiento de las escuelas está directamente afectado a los fondos de la Ley de Financiamiento Educativo”, finalizó Campos.