Megaminería, ¿fuente de ingresos o un negocio de pocos?

Por Miguelina Missotti

La minería es una explotación química realizadas por empresas multinacionales que ocupan grandes extensiones de tierra con el objetivo de extraer gran cantidad de minerales.

En Argentina, la megaminería se practica desde los años 90 y actualmente, Catamarca y San Juan son dos de las provincias del país donde se lleva a cabo una explotación minera a gran escala. Sin embargo, en otras provincias como Chubut y Mendoza, las movilizaciones sociales, impiden continuamente el desarrollo de esta actividad productiva.

Durante los últimos años, en la provincia de Río Negro, se sucedieron diversos proyectos vinculados a la minería, sobre todo en áreas naturales. “Si bien en Bariloche, por el momento, no se presentó ningún plan en relación a esta actividad, es cierto que no somos una isla dentro de la provincia y, en mayor o en menor medida, esto produce un efecto en nuestra sociedad”, aseguró a ANB, Armando Aligia, doctor en Física e integrante de la Asamblea Antimegaminería Bariloche.

Años de lucha

“Calcatreu”, es el primer proyecto minero que se presentó en la zona, allá por el 2005. Está ubicado en la localidad de Ingeniero Jacobacci, que es el límite entre Chubut y Río Negro y está vinculado al oro y a la plata. “Ante esta situación, se formó una asamblea en Jacobacci y simultáneamente se conforma la Asamblea Coordinadora Patagónica, donde también se incluyó Esquel que venía luchando en contra de algunos proyectos mineros en la provincia de Chubut y así fue cómo comenzó la lucha que llevamos adelante hasta el día de hoy”, afirmó a ANB, Sergio Vázquez, de la Organización Ecologista Piuke Bariloche.

La lucha contra la megaminería comenzó en Río Negro en 2005. Foto: archivo Marcelo Martínez. 

En 2006, durante el gobierno provincial de Miguel Saiz, se aprueba una ley que prohíbe el uso del cianuro en la megaminería, “y si bien el proyecto de Calcatreu y otros pequeños proyectos chiquitos se frenan, se siguieron haciendo cateos”, aseguró.

Esta situación trajo algo de tranquilidad en la sociedad y la lucha fue disminuyendo cada vez más porque ya no había amenazas. Este estado pacífico social le vino bien al gobierno de turno y a sus aliados porque les sirvió para cranear y llevar adelante la creación de una escuela terciaría de minería en la ciudad de Jacobacci.

En esta línea, en 2011, cuando Carlos Soria asume como gobernador de Río Negro, la Legislatura aprobó el proyecto de derogación de la ley “anticianuro”.

A raíz de su asesinato en enero de 2012, asume el cargo Alberto Weretilneck, quien era vice gobernador en ese momento. “Entre diciembre de 2011 y enero de 2012 se llevaron a cabo más de 40 marchas en Bariloche, de las cuales participaban más de 3.000 personas. Esto generó que el proyecto Calcatreu no se pusiera en marcha debido a la falta de licencia social más allá de que Weretilneck nunca derogó la ley que avalaba el uso de cianuro en la minería”, detalló Vázquez.

Patagonia Gold (quien compró el proyecto a Pan American Silver) es la empresa encargada del proyecto Calcatreu, “y es la misma que compró el proyecto Navidad, un mega desarrollo que está ubicado en la meseta central de Chubut y es considerado uno de los yacimientos de plata más importantes del mundo”, informó Vázquez.

“Hay un geólogo de la Universidad de Buenos Aires que estimó las reservas y la capacidad de agua de la cuenca del Ipetren, que sería el agua para Calcatreu y la capacidad que tiene es de 2 millones y medio de litros de agua por día, pero para no afectarla no se puede sacar más de la mitad, ósea un millón 250 mil litros y las mineras necesitan dos millones de litros por día para operar. Es decir que se llevaría toda el agua de la cuenca y no queda nada para otros usos”, detalló Aligia.

En 2011, comenzaron con las primeras perforaciones para la explotación de uranio en Amarillo Grande, cerca de la localidad de Valcheta. Foto: gentileza. 

La megaminería en Río Negro en números

Durante estos últimos años, la provincia estuvo cediendo otros minerales que sí se empezaron a usar. En febrero de 2021, la compañía Blue Sky, una firma canadiense perteneciente al Grosso Group del empresario minero Joseph Grosso, comenzó con las primeras perforaciones del plan de exploración en el proyecto de uranio Amarillo Grande, ubicado cerca de la localidad de Valcheta, en unas 400.000 hectáreas.

Se trata de un plan de perforación de circulación inversa de más de 4.500 metros en Amarillo Grande, un proyecto principalmente de uranio, pero que cuenta también con vanadio, un metal que se utiliza para la producción de acero. La característica principal del proyecto es que el recurso de uranio está alojado cerca de la superficie.

Por su parte, en marzo de 2023, la empresa canadiense Green Shift Commodities compró acciones para explotar litio en depósitos de roca dura en Neuquén, Río Negro y Chubut. “En nuestra provincia, la empresa adquirió 458.000 hectáreas”, aseguró Vázquez.

Además, si bien aún no se están explotando y sólo se realizan cateos, Patagonia Gold tiene 64.000 hectáreas de oro y plata en Calcatreu. “En 2005, se estimaba que se podrían obtener 750.000 onzas de oro que se vendían a 1.750 dólares la onza (precio de ese momento). Lo que da como resultado 1.600 millones de dólares. “De ese dinero, la provincia sólo saca el 3% de lo que declaran las mineras, que son aproximadamente 50 millones de dólares. Es decir, unas migajas lo que se queda en el país”, detalló Aligia.

Y agregó, “si se venden todas las reservas de litio de Argentina y nos quedamos con el 3% de regalías, eso es menos de la mitad de lo recaudado en la cosecha de soja 2021/2022, ya que la de 2022/2023 fue la mitad de lo normal”.

De acuerdo a un estudio, las reservas de Argentina de carbonato de litio son 2,7 millones de toneladas, el precio por tonelada es de 42 mil dólares. Si se multiplica, da como resultado 113 mil millones de dólares; el 3% de eso son 3,4 mil millones de dólares, que es todo lo que recaudarían las provincias por todo el litio.                               

YPF tiene un proyecto de construcción de una terminal petrolera de gran envergadura en el Golfo San Matías. Foto: archivo. 

Por su parte, en el período que comprende 2021/2023, se cosecharon 42 millones de toneladas de soja. El precio por tonelada es de 626 dólares, es decir que esa cantidad de toneladas equivalen a 26,3 mil millones de dólares. El 33% es lo que retine el Estado de ese dinero, que son 8,3 mil millones de dólares. “Más del doble de los 3,4 mil millones que equivale a regalar todo el litio”, expresó Aligia.

Se supone que el oro blanco, que es el litio, se va a usar en baterías de autos, por lo que reemplazaría el petróleo y comenzaríamos a usar autos eléctricos y esa electricidad estará producida por los molinos y el hidrógeno. “Ese litio se encuentra en el famoso triángulo del litio (Argentina, Chile y Bolivia). De los tres países, la peor legislación de lo que saca el Estado, la tiene Argentina ya que sólo hay alguna incipiente investigación de baterías entre YPF y Conicet (YTEC)”, aseveró Aligia.

Como si esto fuera poco, la empresa petrolera argentina (YPF) tiene un nuevo proyecto en torno a Vaca Muerta, el mayor yacimiento de gas y petróleo no convencional del país, que implica la construcción de una terminal petrolera de gran envergadura en Punta Colorada, en el Golfo de San Matías y la Península Valdés, declarado patrimonio natural de la humanidad por la Unesco.

El proyecto consiste en la construcción de un puerto equipado con dos monoboyas para recibir buques de gran porte, así como un sistema de tanques de almacenamiento con una capacidad de acopio de 7 millones de barriles. Esta infraestructura será la más grande de su tipo en Argentina y una de las más grandes de la región.

El costo ambiental y social de la megaminería

“Según la Patagonia Gold, hay 2,3 gramos de oro por cada tonelada, colocándole cianuro. Eso quiere decir que, para sacar toda esa cantidad, tienen que pulverizar 12 millones de toneladas de roca. Cuando la tierra se pulveriza y luego llueve, se forma ácido sulfúrico, es decir que la tierra acidifica y este ácido disuelve metales pesados como plomo, arsénico, mercurio y varios más que envenenan toda la tierra y se trasladan a los cursos de agua”, detalló Aligia.

Y agregó, “el asunto es que están sacando migajas envenenando la tierra por siglos, lo es casi un crimen”.

Pero, ¿por qué alguien haría algo así? “Estamos con una deuda impresionante que nos ahoga en todos los aspectos”, afirma Aligia y Vázquez concuerda. “El gobernador electo en su campaña ya decía que desarrollaría todo lo que es minería. Él mismo tomó una deuda en dólares y aplicó el plan Castelo durante el gobierno de Macri, que ahora hay que pagar. Necesitan más regalías y para eso necesitan impulsar todos los proyectos de megaminería posibles, por eso ahora también están con el Hidrogeno Verde en la parte atlántica. Es un proyecto para generar divisas y pagar la deuda externa, no les interesa generar energía para la provincia”.

Además de generar un impacto ambiental irreversible, el extractivismo genera una lucha por el territorio. Foto: archivo Marcelo Martínez. 

Armando y Sergio, además, coinciden en que sólo se trata de proyectos extractivistas, que se basan en sacar bienes naturales para venderlos a otros países pero que no generan desarrollo local y contaminan la tierra y el agua por miles de años.

“San Juan, Catamarca y Santa Cruz son provincias de nuestro país que tienen proyectos megamineros desde hace años y en ninguna de ellas se ve un progreso social y económico. Cuando Macri le redujo los subsidios a Santa Cruz no pudo sostenerse porque la megaminería no les sirvió para ganar”, aseguró Vázquez.

En cuanto a lo ambiental, si bien no hay proyecto en Bariloche propiamente dicho ni en el Parque Nacional Nahuel Huapi, “la verdad es que nunca sabemos qué es lo que puede llegar a pasar. Lo que sí tenemos claro es que la lucha continua porque, ¿de qué sirve reventar todo y quedarnos sin nada?, aseveraron los ambientalistas.

Además de generar un impacto ambiental irreversible, el extractivismo genera una lucha por el territorio, ya que las empresas ingresan a los campos de las comunidades mapuches sin pedir permiso para realizar los cateos, más allá de que no estén avalados por licencia social. (ANB)