Exigen que la reducción de la jornada laboral se genere también en el Estado

El pasado 26 de septiembre, la Cámara de Diputados comenzó a debatir la reducción de la jornada laboral en la Comisión de Legislación del Trabajo a partir de tres proyectos que proponen una jornada laboral de seis horas diarias y un tope de 36 horas semanales.

En este sentido, el Secretario General electo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, consideró oportuno el debate en la Cámara de Diputados sobre la reducción de la jornada laboral en el ámbito privado en la Argentina.

"Reducir la jornada servirá para empezar a enfrentar uno de los mayores males que existe en todos los niveles del Estado, que es la precarización laboral. Si se logra trabajar menos horas sin bajar salarios o incluso aumentándolos, repercutirá positivamente en numerosas áreas, sobre todo en aquellas con altos niveles de autoexplotación como salud, educación y centros de contención a franjas sociales vulnerables, dependencias municipales y otros, en los que los trabajadores para garantizar ingresos dignos, suelen duplicar o hasta triplicar la jornada realizando guardias u horas extras", explicó el referente estatal.

Según indican las estadísticas, en los últimos años se incrementaron las licencias por enfermedad, sobre todo psicológicas, en el sector público. Por lo tanto, implementar jornadas laborales más cortas permitirán mejorar la salud física y mental de los trabajadores, “pero también construir ambientes de trabajo sanos y libres de violencia, como así también aumentar la cantidad y calidad de las prestaciones o servicios estatales", aseguró.

Este debate se está llevando a cabo en muchos países del mundo. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Holanda, Australia, Noruega, Dinamarca y México tienen mayores índices de productividad cumplimentando jornadas laborales menores a las que posee Argentina.

"En el sector público también es posible reducir la jornada laboral o hasta concentrar toda la actividad solo en 4 días de la semana, aumentando a la vez la eficiencia de todas las prestaciones del Estado", afirmó.

"Trabajar menos horas también impactará de manera positiva en los hogares, fortaleciendo a las familias a la hora de distribuir equitativamente todas las tareas de cuidado", señaló el dirigente.

Las discrepancias en las normas nacionales, provinciales y municipales y su convivencia, generan un problema a la hora de tomar una decisión unificada respecto a este tema. Sin embargo, el convenio colectivo 214 en la administración pública nacional establece un promedio de 45 horas de trabajo semanal y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) establece la categoría de “sobreocupación" para aquellas personas que trabajan más de 45 horas a la semana.

"El derecho constitucional que todos tenemos a una retribución justa comprende la recreación y el esparcimiento y hoy este derecho es imposible de ejercer por los bajos salarios, pero fundamentalmente por falta de tiempo. En la puja con un capital deshumanizado, se trata de mejorar la vida de las personas que trabajan", concluyó Rodolfo Aguiar.