En Argentina 6 de cada 10 personas no encuentran ropa de su talle

Por Camila Soldati

Argentina cuenta con una ley de talles que tiene como objetivo regular el sistema de tallas de la indumentaria para promover la diversidad corporal y prevenir la discriminación basada en el cuerpo.

La ley establece ciertos criterios para la confección y comercialización de ropa, buscando que las prendas estén diseñadas de manera que se adapten a la diversidad de cuerpos y evitando que se promueva una imagen corporal negativa.

Las empresas de indumentaria deben cumplir con una serie de requisitos en cuanto a la clasificación y marcado de talles para garantizar que las prendas se ajusten a una variedad de morfologías, pero... ¿se cumplen estos requisitos?

Desde el año 2012, la provincia de Río Negro cuenta con la ley N.° 4806, que fue aprobada en primera vuelta en el año 2012. Dicha ley, establece que las empresas que fabriquen ropa en la provincia deberán confeccionar las prendas en todos los talles necesarios para cubrir las medidas antropométricas. La marcación de las prendas deberá realizarse conforme a las medidas aprobadas mediante las normas del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM).

La ley nacional establece un sistema único normalizado de identificación de talles de indumentaria para la población a partir de los 12 años de edad. La tabla de talles se encuentra disponible en el Boletín Oficial de la Provincia.

Según un informe facilitado a ANB desde la Defensoría del Pueblo y elaborado por el mismo organismo, la perspectiva de género es un eje transversal. Por este mismo motivo, la defensora del Pueblo, Analía Woloszczuk destacó que "debemos combinar la Ley 27.521 con la ropa que se vende por temporadas y según los designios de la moda dirigida especialmente a las niñas, adolescentes y mujeres. Eso trae aparejado la forma de comercialización llamada “moda rápida” que también es atravesada por la perspectiva ambiental".

De acuerdo con la normativa provincial, las ventas de productos discontinuos o en liquidación por fuera de temporada, quedan exceptuados de la obligación de contar con todos los talles que forman parte de la tabla. Sin embargo, dicha circunstancia deberá ser comunicada al público de manera precisa mediante anuncios que indiquen esa situación.

"Sabemos que la preocupación existe, pero que es una temática invisibilizada y que es necesario poner en agenda de los gobiernos", destacaron desde la Defensoría.

En base a los resultados de la última encuesta realizada por AnyBody, una organización dedicada a la promoción de la diversidad corporal, se reveló que 6 de cada 10 personas en Argentina enfrentan dificultades al intentar encontrar prendas de vestir que se ajusten a sus tallas. Esta problemática es una fuente constante de frustración para muchos, pero la esperanza está en el horizonte a medida que los avances en la implementación de la Ley de Talles toman forma.

La tabla de talles, producto del escaneo corporal llevado a cabo en mayo del año pasado, finalmente está lista para entrar en acción. Sin embargo, los avances tangibles en esta área, fueron notables durante el mes de julio pasado, con la conformación del Consejo Técnico Consultivo. Este consejo, concebido como una parte integral del proceso de implementación de la ley, reúne a representantes de diversos sectores afectados para colaborar en la creación de informes relacionados con la ejecución de la ley y otros temas cruciales.

El propósito principal detrás de esta iniciativa es unir a diferentes actores en una misma mesa, fomentando la colaboración y la comunicación para lograr una solución efectiva. La Secretaría de Comercio de la Nación dio un paso adelante en esta dirección al emitir la Resolución 1074/23, que designa a los miembros del Consejo Técnico Consultivo de la Ley de Talles.

Este consejo estará compuesto por 10 integrantes, quienes serán seleccionados cada 2 años. Además, el presidente del consejo será un funcionario de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, quien desempeñará un papel fundamental como Autoridad de Aplicación. Esta elección estratégica garantizaría que el proceso de implementación esté respaldado por la autoridad competente y que se enfoque en salvaguardar los derechos y necesidades de los consumidores. (ANB)