Denuncian violación de Derechos Humanos en el Penal 3 de Bariloche

En los últimos meses, la situación en el Penal 3 de Bariloche ha experimentado un empeoramiento constante, lo que ha llevado a diversas organizaciones sociales a intervenir y exponer la realidad que enfrentan los internos en el lugar.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) se reunió en marzo de este año con el procurador de Río Negro, Jorge Crespo, el defensor y Cristina Martín de la Pastoral Social, con el propósito de abordar de manera urgente esta problemática. En marzo pasado, el penal cesó la admisión de nuevos reclusos en respuesta a la sobrepoblación, albergando a 162 internos en un espacio concebido para 90.

Desde la APDH, se emitió un comunicado donde se sostiene que la situación en el Penal 3 de Bariloche infringe de manera evidente los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad, tanto en las instalaciones penitenciarias como en las comisarías locales. Se destacó la solicitud de una reunión con diversas autoridades, incluyendo al Procurador, la Defensoría General y el Ministerio de Seguridad, así como el Superior Tribunal de Justicia en función del Artículo 206, Inciso 6 de la Constitución Provincial. La falta de respuesta a estas peticiones dejó a las organizaciones preocupadas por la continuidad de la problemática.

El edificio que actualmente alberga el Penal 3 de Bariloche, situado en la intersección de las calles Chubut y Beschtedt, fue en el pasado un geriátrico, convertido posteriormente en una instalación penitenciaria para detenidos en prisión preventiva y personas con condenas, independientemente de la firmeza de estas.

La persistente superpoblación carcelaria, pese a ser reiteradamente denunciada, no ha sido solucionada ni abordada de manera efectiva, lo que ha llevado a un deterioro evidente de las condiciones de detención.

Durante el periodo comprendido entre 2012 y 2016, el entonces gobernador Alberto Weretilneck declaró la emergencia penitenciaria e impulsó la idea de construir una cárcel federal en Bariloche, utilizando fondos nacionales. A pesar de la sanción de una ley por parte de la Legislatura de Río Negro que permitía la expropiación de 10 hectáreas de terreno cercanas a la ruta de Circunvalación, el proyecto no avanzó debido a la resistencia de diversos sectores de la sociedad, quienes cuestionaron la instalación de una prisión federal en una ciudad de índole turística.

La Constitución Nacional garantiza el derecho de toda persona privada de su libertad a condiciones de detención adecuadas, la preservación de su integridad física, acceso a atención médica cuando sea necesario y el respeto a su identidad de género.

"Esta violación sistemática de los Derechos Humanos de las personas en situación de privación de libertad no debe normalizarse y deberían seguirse además del mandato Constitucional, las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de las personas privadas de libertad", concluyeron desde APDH. (ANB)