Aprobaron el proyecto que regula el uso de cámaras de seguridad

El proyecto que apunta a regular el uso de cámaras de vigilancia, fue aprobado por la Legislatura de Río Negro este miércoles por mayoría. La iniciativa fue presentada por la gobernadora tiempo atrás, con el fin de “resguardar el derecho a la intimidad de las personas y regularizar la instalación de los dispositivos, sin descuidar las obligaciones vinculadas a la prevención y lucha contra el delito”.

Para trabajar en esta nueva ley, desde el Ministerio de Seguridad tuvieron en cuenta la existencia de una gran cantidad de cámaras de seguridad privadas que captan imágenes de ámbitos públicos y privados. El material tomado y grabado por esos dispositivos estará sujeto a una determinada regulación contemplada en el proyecto.

La titular de la cartera provincial, Betiana Minor expresó su satisfacción por la aprobación por parte de la Legislatura provincial: "Entre otros beneficios, se va a poder contar con grabaciones de una manera más ágil y rápida cuando se las requieran en investigaciones".

La ministra señaló que el proyecto establece la creación de registros obligatorios tanto para las cámaras del ámbito público como para aquellas del ámbito privados instaladas en espacios públicos. También habrá un registro voluntario para las cámaras que estén colocadas en ámbitos privados pero que estén monitoreando espacios públicos.

Con la ley, se pretende regular la utilización de los sistemas de videovigilancia en 18 localidades que pasarán a ser 21 cuando culminen diferentes obras en ejecución, con 15 centros de monitoreo local que estarán coordinados por el Centro de Monitoreo de la ciudad de Viedma.

El proyecto incluye también la regulación de cualquier sistema de captación de imágenes por parte de las fuerzas de seguridad de la provincia, como drones o cámaras corporales.

Las cámaras, según establece la nueva normativa, solo podrán ser utilizadas para la preservación de la seguridad y atención de emergencias, respetando el procedimiento indicado para su autorización y colocación. La existencia de las videocámaras debe ser comunicada a la ciudadanía con cartelería adecuada.

Por otro lado, se indica que los principios que regirán el uso de las cámaras, son los de proporcionalidad y razonabilidad, y los de intimidad y privacidad. Se establecen además límites en los lugares de colocación de las cámaras y en la captación de sonidos.

En cuanto a las grabaciones obtenidas por los dispositivos se establece la absoluta confidencialidad de las imágenes, y las sanciones que acarrea el incumplimiento de tal confidencialidad por parte de las personas con acceso a las grabaciones, como también los supuestos especiales que exigen la destrucción de las grabaciones.

El Ministerio de Seguridad y Justicia será la autoridad de aplicación y para autorizar la instalación de nuevas cámaras, se tendrán en cuenta cuestiones relacionadas a los requerimientos de la ciudadanía, datos estadísticos y necesidades especiales con respecto a la seguridad.