Inquilinos piden medidas para poder atravesar la "segunda ola"

“Entendemos y acompañamos las medidas sanitarias”, señalaron en un comunicado firmado por diversas organizaciones de inquilinos de todo el país, pero aclararon “necesitamos herramientas económicas y legales para poder sostener el impacto económico que genera no tener ingresos, producto de la restricción para actividades laborales que fueron afectadas por las medidas sanitarias y la complejidad que ocasiona la prohibición de circulación tanto para buscar una nueva vivienda o dejar la actual”.

En ese sentido, remarcaron "es fundamental dar una solución a los juicios por desalojos contra inquilinos y garantes que se iniciaron durante la vigencia del decreto y que se aceleraron después de finalizado". En Río Negro, las gestiones ya se trataron con el ministro de Gobierno, Rodrigo Buteler, el intendente, Gustavo Gennuso y la senadora nacional, Silvina García Larraburu; y se solicitó al ministro de Justicia, Martín Soria, que “haga cumplir la ley”.

“Muchas personas y familias perdieron total o parcialmente sus ingresos, por lo que no pueden pactar renovaciones de contratos con aumentos que van desde el 40% al 120%, ni tampoco pueden mudarse por los gastos que implica, sumado a la situación de confinamiento dispuesta para los próximos nueve días. Eso los deja en un estado de indefensión, expuestos a juicios que no pueden costear" asimismo apuntaron "la solución prometida por el Ministerio de Hábitat de aplicar el llamado Protocolo Nacional de alerta temprana de desalojo no da respuesta a esta urgencia ya que no se está instrumentando en el corto plazo”.

Remarcaron: “Es imperioso que el Ministro de Justicia Martín Soria, también intervenga y controle el cumplimiento de lo dispuesto en el decreto de alquileres y el Protocolo que seguimos esperando que se aplique."

En este sentido, las organizaciones piden al Gobierno nacional que “se ponga un freno a los desalojos, e intervengan los ministerios de Justicia y Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación en el cumplimiento de lo que señala la ley de alquileres y el Decreto 66 en su artículo 12”.

Además, exigen: “Prórroga automática de contratos hasta el 1º de julio, reglamentación del programa de alquiler social y créditos con tasa 0% para el pago de deudas”.