El Senado debate sobre la Ley de Interrupción Legal del Embarazo
La discusión del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), junto con la iniciativa para acompañar los primeros meses de los niños -conocida como el Plan de los 1.000 Días- cerrarán el año parlamentario del Senado con una sesión que comenzará este martes a la tarde y que se extendería hasta el día siguiente.
Ambos proyectos ya obtuvieron sanción de Diputados y, si el Senado los aprueba sin cambios, serán convertidos en ley antes de que finalice el año.
El Plan de los 1.000 Días, para la atención y el cuidado de la salud durante el embarazo y la primera Infancia, fue dictaminado esta semana y obtendrá el aval de la Cámara alta ya que, durante su discusión en comisiones, obtuvo el apoyo de todos los bloques parlamentarios.
El proyecto establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral, que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo (AUH) a concretarse una vez por año para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años.
Al mismo tiempo, extiende la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que pasará de tener seis mensualidades a nueve, para abarcar la totalidad de la gestación.
El recorrido del proyecto IVE
El proyecto para despenalizar el aborto fue girado al Senado luego de haber sido aprobado en Diputados el 11 de diciembre, por 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones: un margen más amplio del que había obtenido cuando fue aprobado en 2018.
Aquella vez, el expediente chocó con la negativa del Senado, que lo rechazó por 38 a 31, con dos abstenciones y una ausente.
El proyecto de legalización del aborto permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, a la vez que habilita la objeción de conciencia de los profesionales que no están de acuerdo con esta práctica médica.
El plazo de la semana 14 no se aplicará cuando el embarazo fuera producto de una violación, en los casos de menores de 13 años o si estuviera en riesgo la vida.
En los casos de los menores de 16 que decidan abortar, se requerirá su consentimiento y que concurra acompañado por un familiar o un referente afectivo, mientras que las personas mayores de 16 años tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento.
En el caso de que una institución privada no cuente con profesionales para realizar la interrupción del embarazo, deberá disponer la derivación a otra institución en la que sí pueda concretarse, según contempla el proyecto.