En abril, una mujer fue asesinada por violencia de género cada 36 horas

Por Cecilia Russo.

Una mochilera en Córdoba, una psicóloga en Pilar, amas de casa o estudiantes fueron algunas de las al menos 20 víctimas de femicidio que se registraron durante abril en todo el país, durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por la pandemia del coronavirus, según un relevamiento realizado por la agencia de noticias Télam.

Según estos datos, una mujer fue asesinada por violencia de género cada 36 horas, lo que provocó una fuerte reacción por parte de distintas organizaciones especializadas. ANB habló con referentes del Consejo de la Mujer sobre el trabajo que realizan en Bariloche, la situación de las familias en la Provincia y el riesgo que significaría la liberación de acusados por femicidio o abuso.

Las mujeres víctimas de violencia de género –psicológica, económica, física, sexual – ya se encuentran vulneradas en su subjetividad y “la situación de aislamiento impuesta por la pandemia, tiene como consecuencia en general la convivencia obligada con el victimario que en la mayoría de los casos es su pareja y padre los hijos”, comentó Graciela Aquilante, psicóloga e Integrante por la Red Comunitaria del Consejo de las Mujeres.

 Y agregó: “Como consecuencia, tanto ellas como los niños y adolescentes del grupo conviviente, quedan en el desamparo de la convivencia obligada y con la vivencia de peligro inminente, con el consecuente desvalimiento. Esto potencia la posibilidad de incremento de los ataques y reduce la posibilidad de recursos defensivos potenciando los riesgos de escalada de violencia que puede terminar en daños físicos graves llegando al femicidio”.

Consejo municipal de la Mujer en Bariloche

En Bariloche, por ordenanza, se ha creado el Consejo de las Mujeres donde el Estado y las Organizaciones Sociales vinculadas a las problemáticas de las mujeres se encuentran para debatir, definir y evaluar políticas públicas con perspectiva de género.

 Desde ese espacio, Ana Marks, - Integrante Por el Frente de Mujeres e Igualdad de Géneros de La Cámpora -  consideró que “nuestro aporte puede ser fundamental para pensar estrategias de intervención ante situaciones de violencia de género y también para aportar perspectiva de género en el manejo de la emergencia”.

“Es fundamental que las políticas y las estrategias de intervención se piensen partiendo del análisis de las desigualdades previas, económicas y culturales entre hombres y mujeres”, añadió.

Por su parte, Rosana González, médica ginecóloga y también miembro del Consejo por parte de la Red de Géneros, anunció que “hemos propuesto al ejecutivo municipal que realice acompañamiento telefónico o por otros medios a las mujeres que en el último año denunciaron o evidenciaron situaciones de violencia. Nos hemos ofrecido a aportar en las llamadas y en el seguimiento porque hay mucha desinformación y creo que es función del Municipio, asegurar a las personas que están en situación de violencia que pueden salir a la calle que no van a ser sancionadas, sería el colmo, y que también pueden salir acompañadas sin riesgos hay que habilitar esta información fuertemente”.

En el medio de este contexto, se supo de la decisión de la Justicia de otorgar prisión domiciliaria a acusados o sentenciados por femicidios, abusos, violaciones, violencia familiar o de género, para evitar los contagios de coronavirus en las cárceles.

“La protección de los derechos Humanos de las personas en situación carcelaria no puede ir nunca en desmedro de los derechos de las mujeres y del rol del estado en su protección establecidos en nuestras leyes nacionales y pactos internacionales.  En este sentido entendemos que es responsabilidad del Poder Judicial, que es autónomo e independiente, garantizar esta protección evitando que las medidas paliativas por  la pandemia sean aplicadas imputados o condenados por delitos contra la  vida y la integridad sexual de las  Mujeres”, manifestó Marks.

En esta línea se ha manifestado la Ministra de Las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación Elizabeth Gómez Alcorta y hay una recomendación de la Cámara de casación penal. “Lo que está faltando es perspectiva de género en el Poder Judicial, esto es algo que venimos denunciando desde hace años desde los movimientos de mujeres y que hoy se evidencia fuertemente en varias definiciones que se han tomado otorgando beneficios a personas condenadas por delitos contra las mujeres”, puntualizó la ex concejal de Bariloche.

La Provincia de Río Negro está en una situación crítica y de emergencia en materia de vulneración de los derechos de las mujeres. Con este panorama, desde el Consejo sentenciaron que “es evidente que la negativa del Gobierno Provincial a discutir la ley de Emergencia muestra la falta de voluntad para hacerse cargo del problema. Cuestión que también, y principalmente, queda evidenciada en la ausencia de políticas estatales, el vacío presupuestario y la inacción del Consejo de la Mujer Provincial”.

“Una Ley de Emergencia puede ayudar a visibilizar la problemática de las mujeres, pero debe necesariamente ir de la mano de políticas públicas y presupuesto para no quedar en un mero acto declarativo. Son las políticas públicas y no la emergencia la que le cambia la vida a las mujeres”, señaló Marks.

Finalmente, González sostuvo que “hay una actitud evidente del Gobierno Nacional de Jerarquizar la perspectiva de Género, la inclusión, y la atención  de las situaciones de Violencia para posibilitar una vida sin Violencia con la creación por, por primera vez del Ministerio de la Mujer Genero y Diversidad este le da un empuje al problema  no sólo en lo declamativo sino también en la inversión y recursos  que no falta”. (ANB)