Cuota cero: Un juez decidió embargar a empresas de turismo estudiantil
Por Gonzalo Contino
La denuncia surgió de Usuarios y Consumidores Unidos (UCU), una asociación civil sin fines de lucro que tiene por objeto la defensa de los derechos de los usuarios y consumidores, luego de conocerse la Resolución 58-E/2017 del Ministerio de Turismo de la Nación. En ella, autoriza a Nación Fideicomiso S.A, quien administra el fondo fiduciario conformado con el aporte de todos los usuarios a través de la cuota cero en los viajes de egresados de todo el país, a distribuir entre las empresas de turismo estudiantil que forman parte de este fondo, el 60% de los más de $300 millones que se recaudó durante estos 10 años.
El juez Javier Cosentino hizo lugar a esta medida cautelar el 15 de junio, tal como adelantara ANB, y el Juzgado Comercial N° 8 sobre trabó un embargo sobre las cuentas corrientes en dólares y en pesos de distintas empresas dedicadas al turismo estudiantil.
Adrián Manzotti, vicepresidente de la FAEVYT, dijo a diario Clarín que van a ir la Justicia para que levanten los embargos. “Ya hay por lo menos 50 empresas que fueron notificadas de un total de 180. En los próximos días van a empezar a venir los cheques rechazados y se va a generar un caos. Si no hay marcha atrás se van a empezar a interrumpir los viajes".
La cuota cero es una cuota inicial adicional obligatoria, que se creó en el año 2007 (Resolución 237/2007) con una duración de 10 años con vencimiento en 2017. Desde ese momento, todos los consumidores que contrataban un viaje estudiantil debían abonar una cuota de más (denominada cuota cero) por si alguna empresa no podía llevar adelante el viaje por quiebra. Ese fondo recaudó más de $300 millones en 10 años, pero en 2017 se finalizó el plazo de aplicación de esta resolución. Por este motivo, el Ministerio de Turismo decidió emitir una nueva resolución (58 – E/2017) para no solo prorrogar este fondo fiduciario, sino que también distribuir el dinero recaudado entre todas las empresas de turismo.
Asimismo, la resolución prorroga el fideicomiso y el 40 % de esos fondos seguirían destinados a cubrir las eventuales contingencias del nuevo grupo de aportantes (los usuarios que firmasen contratos con posterioridad al 31 de marzo de 2017).
UCU al tomar cuenta de esta situación inició demanda colectiva en representación de los miles de consumidores argentinos afectados solicitando una medida cautelar tendiente a evitar que esos fondos sigan abonándose a las empresas de turismo estudiantil.
“Tenemos la información que ya se repartieron más de $130 millones y lo que buscamos es que se detenga esto y las empresas lo devuelvan”, dijo Adrian Bengolea de UCU a este medio. (ANB)