Denuncian un negociado millonario con la cuota cero de los viajes estudiantiles
Por Gonzalo Contino
La denuncia surgió de Usuarios y Consumidores Unidos (UCU), una asociación civil sin fines de lucro que tiene por objeto la defensa de los derechos de los usuarios y consumidores, luego de conocerse la Resolución 58-E/2017 del Ministerio de Turismo de la Nación.
La cuota cero es una cuota inicial adicional obligatoria, que se creó en el año 2007 (Resolución 237/2007) con una duración de 10 años con vencimiento en 2017. Desde ese momento, todos los consumidores que contrataban un viaje estudiantil debían abonar una cuota de más (denominada cuota cero) por si alguna empresa no podía llevar adelante el viaje por quiebra. Ese fondo recaudó más de $300 millones en 10 años, pero en 2017 se finalizó el plazo de aplicación de esta resolución. Por este motivo, el Ministerio de Turismo decidió emitir una nueva resolución (58 – E/2017) para no solo prorrogar este fondo fiduciario, sino que también distribuir el dinero recaudado entre todas las empresas de turismo.
“Es una afectación a los derechos de los consumidores que durante 10 años ayudaron a conformar este fideicomiso”, sostuvo en diálogo con ANB, Adrian Bengolea, de Usuarios y Consumidores Unidos, además de agregar que “es inaceptable y violatorio”.
“Las empresas de turismo se cansaron de decirnos que `ese dinero no es para nosotros, sino que es para los casos que no se pueda viajar` y ahora se lo terminan repartiendo”, señaló el abogado, agregando que “10 años después de la creación de este fideicomiso, a espalda de los consumidores, no reintegran ningún dinero y deciden dárselo a las empresas que no pusieron un peso para su conformación”.
Asimismo, la resolución prorroga el fideicomiso y el 40 % de esos fondos seguirían destinados a cubrir las eventuales contingencias del nuevo grupo de aportantes (los usuarios que firmasen contratos con posterioridad al 31 de marzo de 2017).
UCU al tomar cuenta de esta situación inició demanda colectiva en representación de los miles de consumidores argentinos afectados solicitando una medida cautelar tendiente a evitar que esos fondos sigan abonándose a las empresas de turismo estudiantil.
“Tenemos la información que ya se repartieron más de $130 millones y lo que buscamos es que se detenga esto y las empresas lo devuelvan”, dijo Adrian Bengolea a este medio.
En fecha 15 de junio de 2018 el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 8 dictó sentencia en el expediente “Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos c/ Nación Fideicomiso y otros s/ Diligencia preliminar” (Expte. N° 13.091/2018). Allí se ordenaron una serie de diligencias preliminares y también una medida cautelar de no innovar “sobre los fondos que posee Nación Fideicomisos S.A. destinados a transferirse de conformidad con lo dispuesto por la Resolución N° 58/2017 del Ministerio de Turismo de la Nación”.
La medida cautelar impide que Nación Fideicomisos S.A. gire dichos fondos a las empresas de turismo estudiantil hasta tanto se resuelva la controversia de fondo. (ANB)