Ordenan la prestación de una maestra integradora
La Jueza de Familia Marcela Pájaro, en su calidad de Jueza de Amparo, ordenó al estado provincial hacer efectiva la prestación de una maestra integradora o maestra de apoyo para la inclusión. La docente a designar, acompañará en el proceso de aprendizaje a una joven que comenzó este año a cursar su educación en un CEM y de acuerdo a los profesionales que la atienden requiere esta modalidad.
La sentencia señala que la prestación deberá ser efectivizada en el plazo de cinco días escolares hábiles por parte de IPROSS y/o el Ministerio de Educación, de modo indistinto y solidario. Ha consignado además que quedará a cargo de ambos la articulación pertinente a fin de designar la docente y su salario, como así también toda la tramitación que resulte necesaria, con idéntica responsabilidad.
En caso de incumplimiento, se fijará una multa diaria y acumulativa de 1500 pesos a favor de la amparista, que deberá ser abonado por el Estado provincial, según consignó en el fallo la jueza. En un plazo de 10 días, deberá elegirse a la persona que desarrollará la tarea.
La acción de amparo fue interpuesta por el padre de una niña quien comenzó a cursar el ciclo secundario por la mañana y en el EFI -continuación de escuela especial 6- por la tarde. La estudiante presenta discapacidad moderada y epilepsia, de acuerdo a los certificados médicos adjuntados. La presentación obedeció a la negativa de cobertura por parte del IPROSS, quien informó que en esta etapa educativa no cubriría los costos de profesionales acompañantes.
Cabe señalar que en el marco de la tramitación se notificó al Gobierno Provincial y a la Fiscalía de Estado y participaron del proceso IPROSS y Consejo de Educación Andina. También se dio participación al Defensor de Menores e Incapaces.
El fallo consigna que "no es un tema menor que la disputa en relación a la cobertura, se da entre dos organismos del estado provincial, por un lado el Instituto provincial del Seguro de Salud es una entidad autárquica provincial dependiente del Poder Ejecutivo y el Ministerio de Educación -del que depende el Consejo- un organismo de la administración pública provincial también del Poder Ejecutivo.
Entonces, "es inaceptable que las complejidades burocráticas entre organismos sea descargada sobre el amparista, padre de una adolescente con discapacidad, que es quien debe hacerse cargo de sortear los enmarañados caminos de la burocracia".