Dura respuesta del Observatorio de Personas con Discapacidad contra Mi Bus y el municipio
Observatorio Local sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad emitió este martes una dura respuesta ante el comunicado difundido por el municipio sobre la obligatoriedad de las personas con Discapacidad de presentar el original del Certificado Único de Discapacidad (CUD) para viajar gratuitamente el Transporte Urbano de Pasajeros, “lo cual es discriminatorio, ilegitimo y un claro retroceso en cuanto a políticas públicas inclusivas”, aseguraron.
Desde el Observatorio remarcaron que “debemos advertir que el CUD es un documento elaborado en papel moneda que no puede ser renovado por extravío sino que pasado los 6 meses de su emisión hay que tramitarlo como si fuera la primera vez. Por lo tanto someterse nuevamente a un largo proceso de instancias médicas, con los obstáculos frecuentes en relación a los turnos y derivaciones en el Hospital, hasta llegar a la evaluación con la junta evaluadora; turno que tiene un retraso mínimo de 5 meses”.
Asimismo aseveraron que “si se obliga a que se presente el documento original, el extravío de este documento impactará directamente en la demora en el acceso a los Derechos más allá del transporte público. Dado que los meses sin el CUD, dejan desprovista a la persona de toda cobertura”.
También denunciaron que “choferes de Mi Bus han retirado el CUD a distintas Personas con Discapacidad y ejercido violencia contra ellas, hecho que es de conocimiento de la Dirección de Gestión para las Personas con Discapacidad del Municipio” destacando que “en vez de obrar en pos de hallar una solución otorga a la empresa este poder de policía avalando mediante su comunicación en los medios, que un chofer pueda utilizar a su antojo una potestad ilegítima”.
La solución que plantean es que de manera urgente se arbitren los medios para implementar la tarjeta SUBE para personas con Discapacidad, “tal como se comprometieran el intendente Gustavo Genusso y el concejal Gerardo Ávila”. Informaron que esta medida ha sido llevada a cabo por la mayoría de las ciudades del país ya que cualquier otra acción implica “un claro retroceso de corte discriminatorio”.
Finalmente instaron a la Dirección de Gestión para Personas con Discapacidad a que “en lugar de ser un mero agente de prensa de la voluntad de una empresa, se disponga a arbitrar los procedimientos necesarios para que se hagan realidad las promesas realizadas por la gestión para que las personas con discapacidad obtengan una tarjeta SUBE, con los beneficios que les otorga la ley, y no se los someta nuevamente a la violencia institucional de interminables procesos burocráticos”. (ANB)