Los inspectores tienen “temor” de infraccionar a ciertos vendedores ambulantes

En 2007 se aprobó una ordenanza que regulaba la venta callejera de alimentos y productos en general. A través del documento, se definió como vendedor ambulante a “aquella persona que ejerce la venta directa al público de productos y/o mercaderías en general mediante vehículos instalaciones móviles o portantes, vehículos aparcados, o estructuras e instalaciones desmontables”.

En Bariloche, los vendedores proliferaron en los últimos años, y tal cual sostenía la normativa , impulsada por el edil Hugo Cejas, uno de los factores es la “situación económica y social” de la ciudad. La ordenanza permanece vigente aunque se trabaja en modificar ciertos aspectos.

Los espacios, según acuerda la normativa, son licitados y cada vendedor deberá abonar un canon al municipio, para de esta manera, ser contribuyentes al igual que cualquier comerciante.

Cada tráiler o puesto de comida es inspeccionado como los locales comerciales. “Realizamos controles bromatológicos porque el objetivo es que los alimentos sean inocuos”, indicó en diálogo con ANB, Rubén Guzmán, del área de Fiscalización municipal.

El punto es que, con o sin regulación, los puestos ambulantes existen y algunos infringen la normativa con total impunidad.

En 2009 se realizó la última licitación, y desde entonces, no hubo nuevos espacios destinados a vendedores ambulantes. De hecho, Guzmán indicó que hubo presentación de “muy buenos proyectos” que no fueron aprobados porque no había una licitación prevista.

Actualmente, el Ejecutivo impulsó una normativa para regular los tráilers en los que se venden alimentos, conocidos como “food trucks”. “Está la firme intención de revitalizar ciertos espacios públicos y para eso, quieren regularizar la actividad que últimamente proliferó muchísimo”, explicó la concejal oficialista, Julia Fernández.

Alrededor de diez años atrás, uno de los vendedores más conocidos que actualmente ofrece sándwichs y hamburguesas en frente de la estación de servicio de Moreno y Morales, comenzó con el conflicto por la ubicación.

En ese momento, el Ejecutivo encabezado por Alberto Icare, le otorgó un espacio al vendedor, conocido como el “Polo” Velázquez. De todas maneras, el hombre permaneció en el lugar ubicado frente a los boliches bailables “muy poco tiempo”, indicaron desde Fiscalización.

Finalmente volvió a instalarse detrás del Centro Cívico pese a los esfuerzos del personal municipal para regular la situación. En 2009, cuando hubo una licitación para otorgar los espacios a vendedores, se lo reubicó en uno de los laterales del predio donde se ubica el Club Andino. Sin embargo, nunca estuvo en ese sitio.

“Las veces que intentamos inspeccionar su puesto o infraccionarlo por no cumplir con la normativa, nos profirió amenazas e incluso nos sacó a punta de cuchillo”, manifestó Guzmán quien añadió que el caso particular ya pasó a la Justicia.

El referente del área de Fiscalización sostuvo que “no procedemos por cuestiones de seguridad”, ya que en distintas ocasiones aseguró haber intentado regular la situación incluso con presencia policial, pero “siempre actúa con violencia”, remarcó.

ANB intentó comunicarse con el Ejecutivo pero no hubo respuestas. Desde el área de Inspección manifestaron que resta esperar que la nueva normativa y con el próximo llamado a licitación regularice la situación de la venta ambulante. (ANB)