Convocan a movilizarse contra “la impunidad a los genocidas”
El Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores convocó a una movilización desde Onelli y Moreno para repudiar “la impunidad a los genocidas”. La manifestación será el próximo jueves a las 18.
“Ocurre que la Corte Suprema tomó mano de la derogada ley del 2 x 1 (Ley 24.390) para beneficiar al genocida Luis Muiña, quien en 2011 fue condenado a 13 años de prisión por la privación ilegítima de la libertad y torturas de Gladys Evarista Cuervo, Jacobo Chester -desaparecido-, Jorge Mario Roitman (desaparecido), Jacqueline Romano y Marta Elena Graiff”, remarcaron desde la fuerza política.
“Todos ellos fueron secuestrados el 28 de marzo de 1977 en el Hospital Posadas y permanecieron cautivos en el centro clandestino conocido como El Chalet. La condena contra Muiña fue ratificada por los tribunales superiores en el año 2013”, añadieron.
En tanto, señalaron que “el fallo mayoritario de los cortesanos es un mamarracho jurídico a la medida de los genocidas”. “Se les aplica la ley más benigna en razón de que estuvo en vigencia por un breve lapso en el curso de los treinta años que transcurrieron entre la comisión del hecho y el inicio de los juicios”, cuestionaron.
“Ni Muiña ni ninguno de los militares procesados o condenados actualmente cumplió prisión preventiva en los años de vigencia del 2x1. Ni siquiera se encontraban procesados antes de 2001, ya que en ese período de tiempo eran beneficiados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Es un premio a la impunidad. El alcance de este fallo se extenderá a otros represores, ya que es una práctica habitual de sus abogados defensores hacer presentaciones similares a las que realizó Muiña”, consideraron.
“El voto decisivo de los jueces nombrados por el actual gobierno -y votados en el Senado por el bloque del PJ- pone en evidencia el carácter concertado de una política de impunidad que baja desde el poder político, que se enlaza con los dichos negacionistas de Darío Lopérfido, Gómez Centurión y otros funcionarios; las reuniones con los familiares de las ‘víctimas de la subversión’, la presencia de represores y carapintadas en los desfiles oficiales del 9 de julio y las editoriales de La Nación a favor de la dictadura, entre otros. El fallo, sintoniza, además, con el proyecto de ‘reconciliación’ impulsado por la Iglesia”, indicaron desde el PO.
“Los genocidas nunca brindaron datos sobre dónde se encuentran los desaparecidos, ni sus hijos apropiados, ni a quienes se los entregaron, por lo que siguen perpetrando el delito, y de ahí su carácter permanente. Esto es responsabilidad del Estado y la iglesia que mantienen secretos los archivos y piden a gritos la reconciliación”, afirmaron. (ANB)