Sigue la polémica en torno a la trabajadora denunciada por maltrato a una menor
El gremio ATE volvió a exponer “discriminación y persecución sindical” contra una trabajadora de Desarrollo Social, quien no percibió el salario de mayo al ser denunciada por “maltrato” a una menor.
Edgar Actis, secretario general del sindicato en Bariloche, afirmó a ANB que la trabajadora, Alejandra Reinahuel, “está siendo víctima del gobierno provincial”. “La persiguen y la discriminan”, añadió.
El dirigente explicó que la mujer fue sancionada tiempo atrás con 90 días de suspensión de sus actividades laborales sin goce de haberes. “Fue injusto. El gobierno tomó esta decisión porque ella denunció falencias edilicias en los CAINA (Centro de Atención Integral de Niños y Adolescentes)”, remarcó.
Actis sostuvo que Reinahuel es delegada de ATE, por lo tanto cuenta con fueros gremiales. “La sanción es ilícita”, advirtió.
Por su parte, el abogado del gremio Horacio Bruselaria aclaró que la Justicia hizo lugar a la medida cautelar del Ministerio de Desarrollo Social que solicita la suspensión de su trabajo, pero dijo que “no determinó que no se le pague el sueldo”.
Bruselaria informó que la trabajadora afectada no percibió en junio los haberes de mayo y actualmente enfrenta un juicio de desafueros. El asesor destacó que desde el gremio exigen que “se deje sin efecto la medida cautelar” y que la empleada “vuelva a su labor”.
“En 2014 hice la denuncia por malas condiciones edilicias en un CAINA, y estoy segura de que por esto estoy sufriendo esta situación”, dijo Reinahuel en diálogo con este medio.
La protesta de los dirigentes de ATE por la supuesta persecución ideológica y gremial rápidamente tuvo respuesta de Desarrollo Social. Desde el área aclararon que a la trabajadora en cuestión no se le abonó el sueldo porque fue “suspendida” en sus funciones por la Justicia provincial, en el marco de una causa por presunto maltrato a un menor institucionalizado.
El organismo descartó las acusaciones del gremio sobre supuestas persecuciones, al tiempo que confirmó que la empleada fue separada del cargo que ocupaba por disposición de la Justicia, y que al no estar cumpliendo con tarea alguna, no corresponde se le abone salario.
“Queda expuesto que las acusaciones de ATE son carentes de sustento, y se enmarcan en la política llevada adelante por este gremio que apuesta al conflicto en forma permanente, tratando de generar un estado de zozobra en el ámbito laboral”, subrayaron a través de un comunicado de prensa. (ANB)
El gremio ATE volvió a exponer “discriminación y persecución sindical” contra una trabajadora de Desarrollo Social, quien no percibió el salario de mayo al ser denunciada por “maltrato” a una menor.
Edgar Actis, secretario general del sindicato en Bariloche, afirmó a ANB que la trabajadora, Alejandra Reinahuel, “está siendo víctima del gobierno provincial”. “La persiguen y la discriminan”, añadió.
El dirigente explicó que la mujer fue sancionada tiempo atrás con 90 días de suspensión de sus actividades laborales sin goce de haberes. “Fue injusto. El gobierno tomó esta decisión porque ella denunció falencias edilicias en los CAINA (Centro de Atención Integral de Niños y Adolescentes)”, remarcó.
Actis sostuvo que Reinahuel es delegada de ATE, por lo tanto cuenta con fueros gremiales. “La sanción es ilícita”, advirtió.
Por su parte, el abogado del gremio Horacio Bruselaria aclaró que la Justicia hizo lugar a la medida cautelar del Ministerio de Desarrollo Social que solicita la suspensión de su trabajo, pero dijo que “no determinó que no se le pague el sueldo”.
Bruselaria informó que la trabajadora afectada no percibió en junio los haberes de mayo y actualmente enfrenta un juicio de desafueros. El asesor destacó que desde el gremio exigen que “se deje sin efecto la medida cautelar” y que la empleada “vuelva a su labor”.
“En 2014 hice la denuncia por malas condiciones edilicias en un CAINA, y estoy segura de que por esto estoy sufriendo esta situación”, dijo Reinahuel en diálogo con este medio.
La protesta de los dirigentes de ATE por la supuesta persecución ideológica y gremial rápidamente tuvo respuesta de Desarrollo Social. Desde el área aclararon que a la trabajadora en cuestión no se le abonó el sueldo porque fue “suspendida” en sus funciones por la Justicia provincial, en el marco de una causa por presunto maltrato a un menor institucionalizado.
El organismo descartó las acusaciones del gremio sobre supuestas persecuciones, al tiempo que confirmó que la empleada fue separada del cargo que ocupaba por disposición de la Justicia, y que al no estar cumpliendo con tarea alguna, no corresponde se le abone salario.
“Queda expuesto que las acusaciones de ATE son carentes de sustento, y se enmarcan en la política llevada adelante por este gremio que apuesta al conflicto en forma permanente, tratando de generar un estado de zozobra en el ámbito laboral”, subrayaron a través de un comunicado de prensa. (ANB)