El gran déjà vu
En 1993, bajo la presidencia del Dr. Carlos Menem el congreso nacional sancionó la ley 24.241 que creó las tristemente célebres AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones). Eran empresas privadas (en la mayoría de los casos subsidiarias de Bancos) dedicadas a administrar los fondos generados con los aportes jubilatorios realizados por los trabajadores que optaron por ser incluidos en el régimen de capitalización individual. Las AFJP percibían una comisión que representaba el 33% del aporte previsional obligatorio de los afiliados, y administraba la inversión del capital acumulado o sea el 67% restante. Una vez alcanzada la edad jubilatoria, la AFJP debía entregar al afiliado el capital acumulado, en cuotas mensuales, hasta su agotamiento.
En realidad el afiliado recibía ese capital acumulado que podría o no haberle ganado a la inflación con el transcurrir del tiempo dependiendo de las habilidades en las inversiones financieras de su AFJP, para luego transferírselo a una compañía de seguro con quien debería preparar el flujo de las cuotas en función a las expectativas de vida que tenía esa persona. Si tuvo la suerte de vivir más de lo estipulado en el acuerdo, se quedaría sin jubilación por agotamiento de los fondos.
A finales de la década del 90, el sistema de capitalización individual administrado por las AFJP empezaba a mostrar señales de vulnerabilidad principalmente durante la Crisis del Efecto Tequila, (perdieron en pocas semanas unos 600 millones de dólares) y del Efecto Vodka. Luego Con la pesificación de los ahorros en el 2002, el valor en dólares de los fondos se redujo a menos de la mitad, lo que produjo que en poco tiempo el sistema privado se hizo insostenible.Sin contar las irregulares en el manejo de los fondos de los afiliados, en muchos casos las empresas tomaron los dineros de las jubilaciones para cancelar deudas propias.
Las AFJP se apropiaron de unos 10.000 millones de dólares en comisiones, mientras otros 35.000 millones se repartieron en concepto de utilidades de empresas beneficiadas con las rebajas de los aportes patronales.
La pregunta del millón es ¿Por qué la gente se afiliaba al sistema de las AFJP si era tan malo? La respuesta está dado en el contexto económico social en que se vivía en la Argentina en aquel tiempo, la pérdida de financiamiento del sistema de reparto por la quita de aportes patronales al sistema previsional que representaba unos 18 mil millones de dólares anuales. Eso produjo que durante todo el gobierno del Dr. Menem y del Dr. de la Rúa la jubilación mínima fuese de $200,00 (a valores de hoy $2.800,00) a pesar de los reclamos continuos de Norma Plá que solo pudo conmover hasta las lágrimas a un Domingo Cavallo que a pesar de su angustia nunca cedió ante sus reclamos. Es muy importante aclarar que en aquellos tiempos solo el 60% de las personas que estaban en condiciones de jubilarse recibían dicho beneficio en contraposición a la actualidad que llega al 97%.
En esta última semana, tras un extenso debate en el Congreso, el Gobierno consiguió la media sanción de la Cámara de Diputados para el proyecto de ley ómnibus, que incluye la liquidación con quita de juicios de jubilados y actualización de haberes previsionales, un blanqueo de capitales y reformas tributarias y moratorias.
Según algunos economistas (de la oposición y del mismo gobierno), las medidas que se aplicarán según el proyecto aprobado por la cámara de Diputados en materia previsional implicará que en el futuro el sistema quedará desfinanciado, se afectarán los ingresos e incluso se pone en riesgo la movilidad jubilatoria. Además, el Tesoro Nacional compensará el 15 por ciento de la coparticipación que la Anses dejará de percibir, así como la pensión universal para los mayores de 65. El pago de sentencias a jubilados incluida en el proyecto "ómnibus" implica liquidar el 60% del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Anses y cuadruplicar el déficit del organismo previsional (de -0,6% del PIB en 2016 a -2,8% en 2018).Como en todo el mundo y en especial en la Argentina la relación entre trabajadores en actividad que aportan al Sistema (9,8 millones de personas) y los que perciben jubilaciones y pensiones, (7,2 millones) está desfasada, la relación es de 1,4 a 1, cuando tendría que ser de más de 5 a 1. Es por eso que el faltante es financiado con impuestos coparticipables (el 20 % de la recaudación de Ganancias y el 11 % del IVA) y con el rendimiento de los títulos y valores en poder del Fondo de Garantía (FGS).
Ayer, en la década del 90 se eliminaron los aportes patronales para destruir el sistema de reparto público de jubilaciones, hoy pareciera que vamos en la misma dirección eliminando el fondo de garantía de sustentabilidad, ojalá que no sea cierto y que se pueda compensar dicha baja con los nuevos aportes al sistema de los trabajadores que hoy están fuera del sistema.
"La previsión social debe tener como función primordial la redistribución del ingreso y no el fomento del mercado de capitales, a través de un esquema obligatorio de capitalización individual".