Vecinos del San Juan piden a la Justicia aval para mejorar sus casas
Los vecinos del fallido desarrollo habitacional Barrio Consorcio San Juan continúan exigiendo a la Justicia que levante la medida de no innovar que les impide realizar mejoras en el estado de las viviendas de la ocupación, ubicada en el este de la ciudad.
Días atrás mantuvieron un encuentro con Silvia Baquero Lazcano, procuradora general de Río Negro, y con el fiscal Guillermo Lista, para exigir "avances concretos que nos permitan vivir dignamente en las tierras que nos pertenecen", señaló a ANB Gabriel, una de las personas afectadas.
"Nos están negando derechos básicos como el agua y la electricidad", se quejó el hombre, quien agregó que las nueve familias que viven en el lugar "no pueden tener leña y ni siquiera limpiar el patio".
Aseguró que Lazcano dio el compromiso de "ponerse al tanto" de la situación, ya que "dijo no saber sobre la causa". Gabriel añadió que la procuradora ordenó al fiscal que en un plazo de 20 días analice la posibilidad "de rever la medida de no innovar". "Además, prometió visitar el barrio para ver cómo están viviendo", remarcó.
El vecino dijo que también expusieron la necesidad de que la Justicia "resuelva si cometimos un delito o no, porque estamos imputados por supuesta usurpación y en realidad no somos culpables".
Las familias afectadas son perjudicadas por la estafa que investiga la Justicia y que tiene como principal imputado al ex delegado de UPCN, Juan Kopprio -hoy procesado y detenido en el Penal III de Bariloche-.
Sobre esa ocupación, ubicada en inmediaciones de calle Esandi, en el este de la ciudad, pesa una orden de desalojo promovida por el propietario original de los lotes Germán González Lera, quien también denuncia haber sido engañado por el dirigente sindical.
En los últimos meses, varias casillas fueron derribadas o quemadas y los vecinos exponen desde hace un tiempo a esta parte continuas "amenazas y ataques con armas de fuego", por parte de "matones" de Lera.
También fueron detenidos dos vecinos por incumplir con la disposición de no innovar, al avanzar en un cerco, entre otras acciones.
"Las tierras son nuestras, porque ya están pagas e incluso tenemos los comprobantes de esto", advirtió Gabriel.
"Hace cuatro años que venimos luchando por este problema. Como si fuera poco, el juez de la causa, Martín Lozada, fue designado fiscal de Cámara, por lo tanto tenemos miedo de que sigan las dilaciones", confió.
"No puede ser que no podamos mejorar las casas, ni construir. La gente está viviendo sin baños, en condiciones insalubres", sentenció Gabriel. (ANB)