2015-02-20

Piden anular procesamiento de ex funcionarias de Desarrollo Social

La solicitud la formalizó el fiscal de Cámara, Carlos López, a través de un dictamen en el que planteó errores en el procesamiento dictado contra la ex delegada de Desarrollo Social de la Provincia, y la ex directora de un hogar de menores. Ambas fueron acusadas de supuesta inacción frente a abusos.

Fiscal pide que se anule el procesamiento dictado contra dos ex funcionarias de Desarrollo Social. La ex delegada local de Desarrollo Social de Río Negro, Jeanette Lamuniere, y la ex titular del hogar Caina, Guillermina Petit de Meuville, habían sido procesadas por el juez Ricardo Calcagno por negligencia en casos de abusos contra menores, en noviembre pasado.

Ahora, el fiscal de Cámara Carlos López, detectó errores en ese procedimiento, y pidió su nulidad, según detallaron a ANB, personas vinculadas al expediente de la causa. A partir de esa solicitud formal, la Cámara Criminal Segunda deberá definir la situación de las dos ex funcionarias procesadas.

En concreto, las objeciones planteadas por López en su dictamen, giran en torno al debido proceso y garantías del derecho de defensa y constitucionales que no habrían sido respetadas. Además planteó que no existirían pruebas suficientes determinar una omisión deliberada de las funcionarias, tal como oportunamente lo planteó Calcagno para avanzar en el procesamiento.

Por lo expuesto, López solicitó formalmente la nulidad del procesamiento, las indagatorias, y la promoción de acción penal en la que había avanzado el fiscal Guillermo Lista.

En rigor, ambas funcionarias fueron procesadas por Calcagno, por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, por omitir medidas tendientes a evitar presuntos abusos sexuales de niños alojados en el Centro de Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (Caina).

Oportunamente, las profesionales aseguraron que actuaron buscando evitar “estigmatizar” a los chicos alojados en el Hogar Caina, cargaron contra la decisión judicial de Calcagno y plantearon que se pasó por alto el derecho de defensa.

El punto de partida de la causa, fue una denuncia de una maestra del Caina, a la que una niña de 13 años alojada en el hogar, le contó que había sido abusada sexualmente, por compañeros. (ANB)

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