A fines de mayo el STJ definirá si restituye el Puerto San Carlos al Municipio

Luego de más de un año y medio de iniciado el litigio para la recuperación estatal del Puerto San Carlos, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) definirá a fines de mayo si hace efectivo el desalojo que ordenó la Cámara Civil. A ese fallo de julio pasado, que el Gobierno califica como “contundente” y unánime por parte de los tres jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería, se suma un Dictamen de la Procuradora General de la Provincia, que sugirió al STJ que ratifique la sentencia de la Cámara, y disponga el desalojo de la ex concesionaria Emprendimientos Bariloche S.A. del Puerto San Carlos, y su consecuente restitución al Municipio.

En rigor, el dictamen de la Procuradora llegó luego que la empresa ex concesionaria del Puerto apelara la sentencia de la Cámara, que en julio pasado ordenó el desalojo del inmueble y el predio. Para Silvia Baquero Lazcano, la orden de desalojo por parte de la Cámara, fue "debidamente motivada".

Con esos elementos en su poder, el Gobierno espera una sentencia definitiva “favorable” para fines de mayo -fecha de sentencia fijada por el STJ-, confió a ANB el Asesor Letrado del Ejecutivo, Ricardo Medrano.

En esa línea, el abogado sintetizó: “Todo indica que la sentencia definitiva irá en la misma dirección que el fallo de la Cámara y el Dictamen de la Procuradora”.

La causa judicial se inició a partir de una demanda presentada por el Gobierno municipal en 2013, ante una millonaria deuda de canon -más de 2,5 millones de pesos- e incumplimientos reiterados. Ahora, debe resolver el Superior Tribunal de Justicia.

Oportunamente, la Intendenta transparentó a ANB que una vez que el puerto sea restituido al Municipio, no volverá a ser concesionado. En efecto, la comuna trabaja en un proyecto propio para que reacondicionar el Puerto San Carlos. Si bien todavía no pudo tomar posesión del bien -que hoy se encuentra bajo litigio judicial con los ex concesionarios a la espera de la sentencia definitiva del STJ-, ya definió que el Estado participará activamente en el manejo del Puerto.

“El proyecto va a ser planteado por el Municipio. Veremos qué nos interesa como proyecto y qué podemos consensuar hacia afuera. Seguramente haya inversión privada, pero no pensamos en concesionarlo, sino en una inversión mixta pública y privada”, detalló la mandataria, en oportuno diálogo con ANB.

Lo cierto es que el Gobierno planifica vincular ese proyecto al de la modernización de la avenida Costanera, que sería financiado por el Ministerio de Turismo de Nación.

En rigor, valiéndose de legislación provincial -a las contrataciones públicas-, y del hecho que se litiga sobre un bien de dominio público, el Municipio logró un trámite sumarísimo, en función de la prioridad que tiene el Estado en comparación con un conflicto entre privados. Incluso, esperaba tomar posesión efectiva del lugar, durante la gestión interina de Martini, en un lapso máximo de cuatro meses, desde iniciada la causa.

La laxitud en los tiempos, responde a la declaración de "incompetencia" del Juez Civil Carlos Cuellar, quien luego de avocarse al expediente y a poco de dictar sentencia, remitió la causa a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, porque concluyó que el conflicto debía ser dirimido por la vía contencioso-administrativa. Esa marcha atrás y la resistencia de Emprendimientos Bariloche S.A, dilataron el desalojo del espacio.

El proceso de recuperación municipal del Puerto se inició el 25 de febrero pasado, cuando la Intendenta (entonces interina) anunció que se exigiría a Emprendimientos Bariloche el cumplimiento de postergadas obras de mejora y mantenimiento del Puerto, y el pago de más de 2 millones de pesos de canon incumplido. Vencidos los plazos para cumplimentar las exigencias estatales, se puso en marcha el proceso de rescisión y desalojo.

El conflicto desnuda más de 20 años de desencuentros y puja de intereses (y complicidades oficiales), entre los privados más poderosos de la ciudad y el Estado. (ANB)