Proponen investigar relaciones de sectores civiles con la dictadura
El presidente del Bloque del FpV en la Legislatura rionegrina, Pedro Pesatti, informó que el objetivo de la iniciativa es conocer "la verdad completa, pues el golpe del 76 tiene tanto o más componente civil que militar, aunque inteligentemente los sectores civiles vinculados al poder económico lograron escapar a sus responsabilidades y pasar agachados una vez que la mirada de la comunidad advirtió el daño inconmensurable que significó, para nuestro pueblo, la dictadura genocida".
Para fundar el proyecto de su bloque, Pesatti desarrolló en un texto que dio a conocer con el título "Dictadura, complicidades y la verdad completa", cuyas líneas argumentativas hacen especial énfasis en "el hallazgo, a finales del año pasado, de 1.500 biblioratos con información vinculada a la junta militar confirmó una vez más la estrecha relación de sectores civiles con la dictadura en una relación en la que no siempre se presenta con claridad quién fue cómplice de quién, cuestión central para aclarar responsabilidades, ya que siempre se suele ubicar en el rango menor del cómplice a las empresas e instituciones que conforman el campo de lo civil, aunque a veces uno tenga la presunción y cierta certeza de que sucedió exactamente lo contrario".
Asimismo, el legislador mencionó que "el ministro de Defensa, Agustín Rossi, al hacer una relación de la información que se halló en esos archivos, mostró que había un plan que proyectaba el imperio del Proceso hasta el año 2000 en dos etapas: una fundacional, que llamativamente coincide con la irrupción del neoliberalismo y el desguace del Estado en los noventa, y otra denominada la nueva República".
"A los fines de cumplir con su cometido, el proyecto que estamos propiciando pone en cabeza de la comisión amplias facultades, tales como solicitar el acceso a la documentación y expedientes administrativos o judiciales que obren en todos los poderes públicos de la provincia relacionados con procederes del Estado y de empresas y organizaciones privadas; requerir informes a organismos públicos, entidades, empresas y asociaciones privadas; requerir la declaración de personas; designar investigadores y expertos para indagar en torno del objeto de la comisión y producir pruebas cuando existan presunciones de vínculos que hayan servido al plan genocida a cambio de favores económicos o de negocios con el Estado; requerir el auxilio de la fuerza pública cuando ello resulte necesario y toda otra función que se desprenda del objeto de creación de la comisión", detalló Pesatti en una gacetilla.
Entretanto, en otro párrafo se destacó: "sin sanción sólo quedará como saldo para esos grupos una etapa de muy buenos negocios, y esos buenos negocios son las cuentas pendientes que debemos sanear a través de una consigna que hoy ya tiene la jerarquía de un mandato organizador para una sociedad más humana y justa: memoria, verdad y justicia".