Ratifican procesamiento de Saiz por abuso de autoridad

Los Jueces de la Sala B de la Cámara en lo Criminal de Viedma, Jorge Bustamante (titular), y Eduardo Roumec y Ernesto Rodríguez, rechazaron el recurso interpuesto por el abogado defensor del ex gobernador Miguel Saiz, y ratificaron el procesamiento del ex mandatario por "abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos".

El hecho que se le imputa a Saiz tiene como punto de partido la denuncia realizada por Ana Piccinini en agosto de 2010, por entonces Defensora del Pueblo de Río Negro, solicitando que se evaluara la "presunta infracción a dicha Ley de Ética e Idoneidad en la Función Pública por parte del Sr. Gabriel Savini, Secretario de Estado Control de Gestión de Empresas Públicas"

Según se indicó en un comunicado del Poder Judicial, el entonces Gobernador "en forma ilegal" habría rehusado continuar con la medida sumarial contra el funcionario denunciado, "incumpliendo con la obligación legal impuesta por la Ley Provincial 3550".

El juez Bustamante señaló que "en primer lugar y a los fines de la resolución de la cuestión que se plantea, debe dejarse claramente establecido que no se investiga el nombramiento ni las funciones del Dr. Gabriel Savini, si ha existido o no en incompatibilidades en violación a lo normado por la Ley L ° 3550, sino que la conducta que se encuentra cuestionada es la del ex- Gobernador Miguel Saiz, ante la denuncia que le presentara la ex-Defensora del Pueblo Dra. Ana Ida Piccinini."

El magistrado consideró que la denuncia de Piccnini estaba fundada y por lo tanto era la obligación del Ejecutivo Provincial iniciar la investigación, más allá de su criterio personal. "La teoría del delito se cumple acabadamente en tanto la conducta del imputado fue desarrollada con intención, destinada a rechazar la denuncia de la Dra. Piccinini, quien formulaba una denuncia como Defensora, pero que obligaba al Gobernador a actuar, no por la función de la denunciante, sino porque ese proceder está previsto en la Ley ante la denuncia formulada por cualquier persona -"tercero" como lo dice la defensa-".

"No tiene incidencia la función que cumplía la denunciante, no se trata de la ingerencia de un poder provincial en otro, sino que simplemente estamos ante la puesta en conocimiento de una supuesta infracción a la Ley de Ética Pública al que no le dio el cauce que correspondía el imputado", consideró el Magistrado.

Con respecto al abuso de autoridad, la Cámara evaluó que "en virtud de la función que cumplía, la negativa acá aparecería como un abuso de autoridad, ya que se podría haber aprovechado de su cargo para impedir ser investigado, con lo que podría subsumirse su conducta solamente en el artículo 249 CP".