Juicio Arbos, ¿hoy sí?
Luego de las últimas dilaciones -provocadas por un supuesto problema de salud de uno de los procesados- comienza hoy en la Cámara Federal de General Roca el juicio por la estafa contra el Policlínico Arbos. Así, finalmente, la Justicia determinará las responsabilidades de Omar Goye, Wálter Cortés, Ovidio Zúñiga, Gonzalo Madrazo, y Víctor Carcar en el supuesto desvío de 2 millones de pesos (dólares en ese momento de paridad uno a uno), ocurrido en 1999.
Tras años de postergaciones, el pasado 23 de febrero debió ponerse en marcha el juicio, pero el abogado de Madrazo informó sobre inconvenientes en la salud de su defendido, que derivaron en una dilación hasta el 5 de marzo. Ese día, volvió a solicitar una prórroga, por el mismo motivo. De esa forma se llegó a este lunes, cuando se espera que finalmente se ponga en marcha el debate para determinar la posible responsabilidad de los dirigentes sindicales y políticos de Bariloche en la estafa.
La figura del procesamiento de Goye, Cortés, Zuñiga, Madrazo y Carcar es "estafa agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública".
Es notable el impacto político del juicio en Bariloche. Aún procesados, Goye fue Intendente hasta que la ciudadanía revocó su mandato, en enero de 2013; Cortés fue varias veces electo al frente del poderoso gremio de los mercantiles en Bariloche; Zúñiga sigue liderando el sindicato de trabajadores hoteleros y gastronómico; Carcar fue electo secretario General de la UOCRA en Neuquén; y Madrazo -luego de ser candidato a Intendente de Bariloche por el Justicialismo- decidió radicarse en la provincia de Mendoza.
En 1999, Zúñiga presidía Arbos (Asociación Regional Bariloche de Obras Sociales), Cortés era el vicepresidente, Goye era el contador, Carcar el Tesorero, y Madrazo abogado de la entidad.
Desde entonces, y luego del comienzo del expediente, los sucesivos gobiernos municipales y provinciales mantuvieron una estrecha y oscilante relación con dirigentes como Cortés y Zúñiga: en algunos casos, apoyo desembozado por parte de los sindicalistas, acuerdos electorales, y abundaron las fotos de campaña.
El grupo gestionó un aporte del Gobierno nacional por más de 2 millones de dólares, pero el dinero, de acuerdo al auto de procesamiento emitido por el Juez Leónidas Moldes, no se destinó a la superación de la quiebra de la entidad, sino que se repartió en empresas fantasmas y tuvo un fin aún no determinado. (ANB)