2014-02-18

Piden definiciones por situación de dependencias provinciales

La Defensora del Pueblo de Río Negro, Nadina Díaz (foto), envió un pedido de informes con carácter "urgente" al gobernador Alberto Weretilnek, acerca de las definiciones sobre las últimas medidas de ajuste implementadas, que impactarían en el normal desempeño de algunos organismos provinciales.

Una de las preocupaciones que manifestó la Defensora, es la baja de la totalidad de los funcionarios públicos del ejecutivo provincial, "careciendo en la actualidad de secretarios, subsecretarios, directores y subdirectores. Hoy, a 20 días del despido masivo de 340 funcionarios, el Gobernador solo habría confirmado en sus funciones a 19 de ellos", explicó.

Díaz calificó la situación de "irregular", ya que la misma estaría perjudicando a las distintas áreas del Estado. "En Desarrollo Social por ejemplo, donde se deben coordinar planes sociales, asistenciales, contención y alojamiento a niños y jóvenes en situación de abandono y en conflicto con la ley, entre otras problemáticas, solamente se ha confirmado un funcionario", detalló en un parte de prensa.

Asimismo, continuó refiriéndose al difícil momento de ese Ministerio, que consideró "uno de los más emblemáticos dentro del funcionamiento del Estado por la necesidad y urgencia de definiciones", y remarcó que "el problema se ve agravado en todo el territorio por la falta de designación de delegados".

Continuando con esta situación, Díaz aseguró que "las decisiones en este sector del gobierno deben ser inmediatas y por lo general no se pueden esperar los tiempos políticos. Está claro que esta situación, con mayor o menor gravedad, se repite en todos los ministerios y áreas del gobierno. A todo esto se agrega que los funcionarios hasta ahora despedidos, en muchos casos se encuentran en sus ex oficinas esperando y `trabajando’ pero sin real poder de decisión ni respaldo político".

La defensora también se apoyó en las declaraciones del gobernador, quien aseguró que en 90 días se normalizaría la situación de los funcionarios, y consideró que la provincia "se ve perjudicada ante la falta de definiciones mientras dure la implementación de las medidas políticas. Tampoco puede admitirse la gravísima irregularidad que importa la presencia en el lugar de trabajo, de la mayoría de los funcionarios cesanteados. Los rionegrinos deben saber con urgencia cómo van a funcionar los organismos o dependencias que se quedarán sin los directivos que hasta ahora estaban al frente de ellos".

Por último, en un comunicado se detallaron los tres puntos sobre los que la Defensora confeccionó un pedido de informes, solicitando conocer los plazos hasta la designación de los funcionarios, la forma de trabajo que adoptarán las dependencias o un posible cambio en el organigrama provincial.

"Es de destacar que la falta de definiciones concretas en el organigrama provincial ponen al Estado en una virtual situación de inacción administrativa, atentando contra el derecho de los ciudadanos de recibir en tiempo oportuno la respuesta institucional a los planteos que formulan", concluyó la Defensora.

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