Proyectan anular venta irregular de 32 hectáreas en El Bolsón

La iniciativa de los legisladores César Miguel, Silvia Horne, Martín Doñate, María Gemignani y Roxana Fernández (FpV), fue elaborada en el marco de la "Comisión Investigadora para el Relevamiento de Transferencias de Tierras Rurales" del Parlamento.

Según se explica en los fundamentos, dados a conocer en un parte de prensa, las tierras fueron adjudicadas por la Dirección de Tierras de la Provincia a una persona que según las normas vigentes no reunía los requisitos necesarios para ser adquiriente, entre otros impedimentos porque ya era propietario de 10 hectáreas en El Bolsón, no residía en las tierras adjudicadas ni las explotaba debidamente según lo exige la ley de Tierras.

El proyecto tiene como objeto "retrotraer la fraudulenta transmisión de tierras que se hiciera sobre tierras fiscales y devolverlas al fisco para que sean entregadas a la municipalidad de El Bolsón para desarrollar planes de viviendas que den lugar a la gran demanda de hábitat por la que atraviesa la ciudad y sus alrededores".

"La ley de Tierras (Q279) establece una serie de requisitos que deben cumplirse para ser adjudicatario de una unidad económica, tales como ser productor agrícola o pecuario de profesión, ser hijo de productor agrícola que haya colaborado en tareas rurales, o ser profesional o técnico agrícola o pecuario", explicaron los legisladores.

En el proyecto también se refleja que el mismo adquiriente "admitió que no vivía en el predio cuyo dominio solicitaba, que era un comerciante del rubro de la construcción, que poseía una chacra de 10 hectáreas en El Bolsón, que tenía una casa y un negocio en Buenos Aires y que su objetivo era la construcción de cabañas para la actividad turística en este predio".

Los parlamentarios destacaron que a pesar de estas irregularidades, en 1997 la Dirección de Tierras aprobó la transferencia de derechos y mejoras a este particular y se le otorgó Permiso Precario de Ocupación.

Entre las faltas, también se menciona en el proyecto la falta de intervención de la Fiscalía de Estado solicitada en su momento por el intendente Oscar Romera que denunció las irregularidades. También se objeta la falta de una inspección previa de las tierras adjudicadas.

Por último, se cuestiona el precio de venta de la tierra fiscal adjudicada y escriturada. El adquiriente la obtuvo por 25.948 pesos, a 867 la hectárea, y fue bonificado por pagar al contado.

"El precio de venta resulta irrisorio y vil, teniendo en cuenta que no se trata de un poblador de años de residencia, sino un nuevo adquiriente de tierra fiscal que comenzó a ejercer la posesión sobre el predio recién en el año 1997", sostuvieron los legisladores.

Por último, se planteó que en este caso se "desnaturalizó" la ley, y "los funcionarios públicos actuantes han beneficiado con un precio promocional especial de venta a un particular que no reunía los requisitos de la ley".