Presión armada

El propio Gobierno, que hoy sobrevalora en los discursos el rol policial, es el que permitió llegar a esta situación sosteniendo en el tiempo magros salarios para los agentes. La gestión Weretilneck lleva dos años en el poder y en el campo de las políticas de seguridad hay más elementos en el debe que en el haber: no sólo la inseguridad -entendida lisa y llanamente como la existencia de delitos- figura al tope de las preocupaciones ciudadanas; sino que nunca terminó de desarticularse la policía brava de Elizondo, Cufré y compañía.

La prometida "democratización" de la fuerza de seguridad es aún una entelequia. En la práctica, en las comisarías se sigue torturando, cuando no matando; y los propios policías que hoy exigen un aumento salarial, no dudan en imponer su autoridad emanada del Estado y el poder de las armas cuando otros sectores reclaman mejoras del mismo tipo.

Luego de cuatro días de zozobra y amenaza de quita de servicios, el Gobierno priorizó un acuerdo que descomprima la insurrección -tan a tono y tan parecida a la de otras provincias-, exponiéndose a exigencias similares por parte de otros sectores de la estructura estatal: educación, salud, promoción social.

Ahora, ¿cómo explicará el oficialismo que no dará el mismo tratamiento a los docentes cuando, lógicamente, reclamen un aumento salarial de la misma magnitud? ¿Cuánto dirá esa presumible negativa, sobre la escala de valores que maneja Weretilneck en torno al rol de la seguridad y la educación, por ejemplo?.

Es cierto que deberá revisarse la posibilidad de que los uniformados se sindicalicen para evitar, precisamente, este tipo de expresiones; y así se pueda canalizar los lógicos reclamos de índole salarial o laboral.

Pero mientras ese paso no esté dado, las protestas como las realizadas en los últimos días están al margen de la Ley. Y es el propio Gobierno que cedió a la presión policial el que, ante otras expresiones, llama al cumplimiento estricto de las normas.

Al margen de las teorías conspirativas, a 30 años del retorno de la democracia, la sociedad sigue presa de aquellos que detentan el poder de las armas. Otrora por la implementación de una política de terror estatal; hoy por la capacidad de la Policía de dejar inmerme a la sociedad ante la posibilidad de ataques contra la vida o los bienes.

Santiago Rey