Barbeito, procesado por malversación de caudales públicos
El hecho investigado se remonta al mes de agosto del 2010, momento en el que el por entonces ministro de Educación, César Barbeito, dispuso a través de una Resolución que el Delegado Regional de Educación, Oscar Camperi, hiciera uso de un vehículo oficial para fines distintos a los que se describió en el documento.
Según las constancias judiciales, Barbeito autorizó a Camperi a acudir al Encuentro de Supervisoras con el Convenio de UOCRA y se le asignó como medio de transporte el vehículo oficial. Si bien se comprobó el viaje del funcionario a la ciudad de Conesa, su verdadero objetivo habría sido trasladar a un pintor letrista para confeccionar carteles acordes a la campaña del Ministro de Educación.
En este sentido el Juez de Instrucción de Viedma, Dr. Guillermo Bustamante, sostuvo que un testigo "refirió que fue contactado por una persona a quien conoce de vista, quien le pidió colaboración para pintar en General Conesa, que aceptó la propuesta y lo pasaron a buscar en una furgoneta que era de color blanco e indicó que esa persona le pidió que sólo llevara los pinceles ya que el resto de los materiales estaban listos".
"Como se observa a la luz del testimonio, la actividad de Camperi y del vehículo oficial –Peugeot Partner-, lejos se encontraba de cumplir con fines administrativos, siendo los mismos netamente proselitistas, tendientes a efectuar pintadas de campaña a favor de la precandidatura a Gobernador que detentaba el entonces Ministro de Educación Cesar Barbeito, quien, de modo absolutamente impropio utilizó recursos del estado provincial en beneficio personal a fin de practicar las pintadas de referencia en la localidad de General Conesa", explicó el magistrado.
Los fundamentos del fallo explican que la actividad de Camperi fue "desenmascarada" por un periodista que fotografió al funcionario en General Conesa, cuestión que derivó en un informe periodístico que motivó el accionar de la Justicia.
Asimismo, Bustamante opinó que "surge con claridad la complicidad de los funcionarios estatales Barbeito y Camperi quienes, con absoluto desparpajo y frente a los ojos del pueblo de General Conesa dieron a los dineros y bienes que administraban y se encontraban bajo su ámbito de custodia, una aplicación diferente de aquella para lo cual estaban destinados".
"No se pretende proteger a la administración pública contra una lesión de carácter patrimonial, se quiere asegurar que el dinero y otros activos patrimoniales existentes que se ponen a disposición de funcionarios públicos como Barbeito y Camperi sean administrados con las finalidades previstas", sostuvo el Juez.