2013-10-28

Marcha lenta para la cesión de tierras de la Ciudad Judicial

Aún no está proyectado el loteo privado que derivará en el anticipo de reserva fiscal que servirá para contruir la futura sede del Poder Judicial en Bariloche. Se trata de valiosas tierras en el este, entre los barrios San Francisco y El Cóndor. El municipio tiene "un especial interés en desarrollar ese sector de la ciudad", explicó a ANB el titular de la Secretaría de Desarrollo Estratégico.

El Gobierno municipal reconoció que marcha lento el proceso que derivará en la cesión de tierras para la construcción de la ambiciosa Ciudad Judicial en Bariloche. Hasta el momento -a pesar que el primer convenio entre el dueño de las tierras y el municipio se firmó en 2010- no existe ni siquiera un proyecto privado de loteo del cual derive el anticipo de reserva fiscal para que la comuna pueda disponer de los terrenos correspondientes.

Consultado por ANB, el secretario de Desarrollo Estratégico, Horacio Fernández, explicó que el Estado local "tiene un especial interés en desarrollar ese sector de la ciudad", en relación al triángulo de unas 110 hectáreas ubicado entre los barrios San Francisco y El Cóndor, en el este de Bariloche.

Como primer antecedente de la relación entre el municipio y el privado, figura el acuerdo suscripto entre el propietario Juan Manuel Valcarcel -la tenencia de las tierra le fue confirmada por la Justicia, luego de un cuestionamiento y una causa penal- y el ex Intendente Marcelo Cascón, en 2010. En ese acta se establecía la cesión anticipada de 5,65 hectáreas, "a cuenta" de la reserva fiscal que derivaría del loteo de la zona.

El Poder Judicial, por su parte, había planteado la necesidad de contar con 1,7 hectáreas para la construcción de la Ciudad Judicial.

Pero los cambios institucionales en la ciudad, las propias complejidades judiciales que enfrentó el propietario de las tierras, y la falta de priorización del proyecto por parte de las sucesivas gestiones municipales, dilataron la concreción de la iniciativa.

Fernández explicó que ninguno de los convenios o cartas de intención firmadas entre la Municipalidad, el privado o el Poder Judicial fue validado por ordenanza, y reiteró que la gestión que integra "le dará prioridad" al proyecto. (ANB)

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