La tentación de la derecha
El filósofo y politólogo italiano Norberto Bobbio, asegura en su reconocido libro "Derecha e izquierda" (1994) que ambos conceptos son "recíprocamente exclusivos". Dice que "ni una doctrina ni un movimiento" pueden ser de derecha y de izquierda a la vez. La práctica sin embargo demuestra que en algunos Gobiernos conviven expresiones y medidas contrapuestas, progresistas y conservadoras.
Con la idea de la "política posible" como justificativo, y la urgencia como argumento, el Gobierno rionegrino de Alberto Weretilneck violó el principio constitucional de inocencia, exponiendo 16 nombres de supuestos delincuentes, bajo la premisa de mostrar a su gestión ocupada en la resolución de la "preocupación número uno" de la sociedad.
La reducción del complejo-inseguridad a la difusión de un listado de "malos" en contraposición con los "buenos-víctimas" -publicado además acríticamente por la mayoría de los medios- expone una simplificación de la problemática que no augura ni un abordaje integral ni una solución de raíz.
Además, la inseguridad o los hechos delictivos siempre seguirán existiendo. La elección de la solución punitiva como única vía entonces exigirá siempre más cárcel, más policía, más seguridad privada, más cámaras.
El Gobernador acortó camino y montó una puesta en escena más destinada a lograr el aplauso simple de las víctimas de la agenda -¿clarinista?- de la inseguridad, entendida linealmente como el crecimiento de la cantidad de hechos delictivos; en lugar de poner las estructuras represivas y de inteligencia del Ejecutivo a trabajar de manera acordada -la Policía es una "fuerza auxiliar" de la Justicia en materia de investigación- con los Tribunales para la resolución de casos aún impunes.
Paradójicamente, en la misma conferencia de prensa, expuso en porcentajes el descenso de los índices de hechos delictivos en el último año, lo cual parece venir a contradecir la "necesidad de fondo" de cometer la aberración legal que significó poner al Estado en franca violación a preceptos consagrados en la Constitución.
Si Weretilneck mira a Buenos Aires, puede sentirse amparado por cierta tendencia a la esquizofrenia política en la materia, por parte del Gobierno nacional. Dos hechos así lo confirman: meter la seguridad en la campaña -el pedido de Insaurralde en relación a la edad de imputabilidad-, es ratificar el peso de la agenda de los medios concentrados en tándem con la oposición; y fortalecer la tríada Puriccelli-Berni-Granados, se contrapone con los intentos de democratización de las fuerzas de seguridad y la construcción de nuevos paradigmas en la materia, encarados por la ex ministra Nilda Garré.
Puertas adentro del Gobierno rionegrino también es notable esa bipolaridad política. El ala "progresista" del gobierno eligió el silencio: el frentegrandista y gremialista Marcelo Mango, ministro de Educación; los peronistas Ernesto Paillalef, de Desarrollo Social, y Fernando Vaca Narvaja de Obras Públicas -ambos de inocultable y pasada lucha por un país distinto-; el secretario de Derechos Humanos Néstor Busso; y hasta el flamante Secretario General de la Gobernación, el camporista Matías Rulli, optaron por no hacer públicas sus críticas. Y puertas adentro sus voces son susurros ante el grito justificante de Weretilneck: "Es un mensaje para la clase media", planteó ante los suyos, según confiaron fuentes del Gobierno a ANB.
¿Mensaje? ¿Electoral? ¿Señal para el complejo electorado barilochense, siempre dispuesto a la crítica?
En todo caso, no es la primera señal sobre la percepción del Gobernador en relación al tema seguridad-justicia: "Que se pudra en la cárcel", dijo luego de la detención del asesino de un policía de Pilcaniyeu. La frase no sorprendería en boca de muchos vecinos, pero sí es un llamado de atención cuando es pronunciada por el titular de un Estado en cuyas cárceles, efectivamente, los detenidos viven en condiciones inhumanas, cuando no son ferozmente golpeados por los responsables del servicio penitenciario.
Cierto es que el Gobierno realiza una importante inversión para la construcción de nuevas cárceles en distintas ciudades de la Provincia, que, además de ampliar la capacidad para garantizar la profundización de la política punitoria, otorgará mejores condiciones de detención a los internos. Pero no es menos real que gran parte del éxito de una gestión en relación a la seguridad-inseguridad se juega en el terreno de lo simbólico y lo comunicacional. Y en ese sentido, el Gobernador no ha dejado frase a medida del "sentido común" por repetir. "Mensaje para la clase media", lo llama.
La inoperancia judicial para la resolución de casos paradigmáticos de delitos -robos con armas, homicidios, violaciones- es inocultable. Weretilneck acierta cuando -denunciando que sólo el 3 por ciento de las causas concluyen con una condena- apunta que los Tribunales no están a la altura del proceso de violencia y posterior judicialización que vive la sociedad.
En ese sentido, la reforma del Código Procesal Penal que encara el oficialismo puede traer una necesaria actualización a las normas; aunque está aún por verse el verdadero sentido ideológico del proyecto en relación a la complejidad que ofrece la problemática de la inseguridad.
Por de pronto, las señales dadas en la reforma del Poder Judicial no son positivas. Tuvo Weretilneck la oportunidad de ampliar la base de debate en torno a los nombres para los cambios y ampliación del Superior Tribunal de Justicia -había consenso social y organizaciones dispuestas a la participación-, pero repitió, sin embargo, el esquema de definiciones concentradas en las corporaciones política y de abogados.
Se enfrenta ahora a un nuevo desafío. El nombramiento del Procurador lo pone de cara a una decisión con clara exigencia de definición ideológica. En los extremos de las alternativas se ubican un abogado ligado a Causa Nacional y Popular -un conglomerado kirchnerista del PJ barilochense-, y otro, vinculado a los intereses económicos concentrados de la ciudad, con escasa experiencia en el fuero penal. En el centro de esa dicotomía, otros profesionales esperan su oportunidad.
La decisión de Weretilneck sobre qué candidato propondrá, es esperada con ansiedad por distintos sectores del Justicialismo y el Frente Grande de Bariloche, y puede profundizar algunas de las grietas ya existentes en el oficialismo del Frente para la Victoria.
En la ciudad, la Intendenta María Eugenia Martini hizo lo suyo. En dos semanas encabezó una marcha a los Tribunales, dirigiendo la problemática-inseguridad hacia el Poder Judicial, y acusó a los jueces de permitir que los delincuentes "entren por una puerta y salgan por la otra". Además, dio impulso definitivo a la inversión municipal de casi tres millones de pesos para la compra e instalación de cámaras de seguridad.
Los fríos números del Ejecutado presupuestario demuestran que en lo que va del año poco se ha destinado a políticas de contención y promoción social en relación a la disposición de recursos, gracias a la efectiva política recaudatoria. Pero, ¿cuál es el costo social del equilibrio financiero?
Referentes barriales y trabajadores sociales coincidieron en diálogo con ANB: Tres millones de pesos bien administrados servirían para contener a los jóvenes en conflicto con la ley, permitiría un seguimiento exhaustivo de sus problemáticas, ofrecerían salidas laborales, y tratamientos terapéuticos para las adicciones.
Pero las cámaras de seguridad -teórica y práctica Massista- se pueden "mostrar". Ahí están, colgadas, mirando, transmitiendo, estigmatizando, apaciguando demandas de clase.
No está abordada la complejidad de la sociedad -exacerbación del consumo/exclusión- y prioriza la superficialidad del problema.
La derecha como tentación. El progresismo real como oportunidad.