Gobierno deberá precisar monto de la inversión para las cámaras de seguridad
El proyecto de creación de un sistema de video vigilancia, que incluye la colocación de por lo menos 20 cámaras de seguridad, parece encaminado a aprobarse. Sin embargo, los concejales de la oposición plantearon objeciones a algunos puntos clave de la iniciativa, como por ejemplo la falta de información sobre el costo del sistema. De hecho, el proyecto no especifica el monto del llamado a licitación para la adquisición de las cámaras.
Esa incongruencia fue planteada por el concejal del Frente Social del Pueblo, Leandro Lescano. El oficialista Alejandro Ramos Mejía y los funcionarios del Ejecutivo presentes, se comprometieron a incorporar esa información para el viernes, de manera tal que la iniciativa pueda ser tratada en Comisión la próxima semana.
El secretario de Gobierno, Alejo Arias, y la secretaria de Seguridad, Carolina Von Der Becke, participaron de la reunión de la Comisión de Gobierno y Legales del Concejo, y defendieron el proyecto como "una herramienta más" de la política de seguridad.
La iniciativa incluye un presupuesto testigo de unos 2,5 millones de pesos, aportado por una empresa privada, que fue considerado por Der Becke como "de máxima". "Se trata de una inversión y no un gasto", defendió el concejal Ramón Chiocconi, argumento también sustentado por Arias, quien planteó que "es mucho más caro poner patrulleros y policías" en cada uno de los puntos donde se ubicarán las cámaras. "El costo final sin duda es mucho menor", dijo.
Ramos Mejía adelantó que podrían incorporarse más cámaras: "Ojalá tengamos todas las cámaras que podamos tener", aunque matizó aclarando que en materia de seguridad, "la política de inclusión es lo más importante".
Es que los ediles no oficialistas criticaron que se "venda" la incorporación del sistema como la "panacea" -definición de la surista Irma Haneck-, y que se haya traído a la mesa el debate sobre los problemas de fondo vinculados con la inseguridad.
Otro de los planteos del bloque del Frente Social del Pueblo fue el referido a la "utilización" por parte de la Policía de la información derivada del uso de las cámaras. La iniciativa habla de un acuerdo entre el Municipio y la Provincia para la participación policial a través de una "consigna" en el lugar donde se establezca el centro de monitoreo. La edil Carmen Giménez se preguntó qué hará la Policía -sobre todo teniendo en cuenta los ejemplos recientes de maltratos a jóvenes- "cuando se tomen imágenes de chicos alcoholizados, participando de luchas".
"Qué hace la Policía con esas imágenes, excede este proyecto", respondió Ramos Mejía. "El municipio no puede ser ajeno a la actuación policial, porque las imágenes son tomadas por las cámaras" de la Municipalidad, retrucó Lescano.
El tema volverá a ser tratado la próxima semana, y, al margen de las críticas puntuales, se descarta su aprobación. (ANB)