Debate: Galaverna mantuvo su postura frente al "voto joven"

Continuó este miércoles en el Concejo Municipal el debate en torno a la implementación del voto joven en Bariloche. La Defensora del Pueblo, Andrea Galaverna, había sido cuestionada por los ediles por la presentación de un recurso de amparo que apuntaba a que se instaurara el voto voluntario para los jóvenes de entre 16 y 18 años. La funcionaria reclamó por esa vía la habilitación para sufragar de los adolescentes de esa franja etaria, pero dos días antes de las elecciones municipales del 1 de septiembre, la Justicia rechazó el amparo, que apuntaba a adherir a la ley provincial que permite el "voto joven".

La acción fue presentada una semana antes de los comicios del 1 de septiembre, y obtuvo una sentencia desfavorable de la Cámara Civil de Bariloche. Para los ediles, "fue una medida precipitada e irresponsable, que puso en riesgo las elecciones".

Galaverna fue convocada por el Concejo y se presentó este miércoles en la reunión de Comisión Legislativa: Se mostró ofendida por esos calificativos, y defendió su postura y el rol de la Defensoría del Pueblo.

Detalló que tres jóvenes fueron los que ante el organismo que dirige, pidieron poder cumplir con "su derecho a votar, tal como ocurre a nivel provincial y nacional".

El recurso de amparo, contrastaba con el debate inicial del tema en el Concejo, donde se trató el Proyecto de Ordenanza que impulsaba el voto joven. Esa iniciativa no se aprobó porque exigía una enmienda de la Carta Orgánica Municipal, y un posterior referéndum popular, que determinaría si Bariloche quiere o no el voto joven.

La Defensora del Pueblo aclaró que actuó "a favor de un derecho" y "no en contra del Concejo", intentando dejar de la lado la disputa desatada entre la Defensoría del Pueblo y el poder político.

Sostuvo, en esa línea, que no tuvo la "intención" de poner en riesgo las elecciones del 1 de septiembre y que su accionar "fue muy analizado y respaldado" con un fallo judicial de la ciudad chubutense de Puerto Madryn, que sentenció de manera contraria a la Cámara Civil de Bariloche, además de la consulta a la Junta Electoral Municipal y los jueces Martín Lozada, Rubén Marigo y Emilio Riat.

Con esos fundamentos, Galaverna interpeló a los ediles y entendió que el argumento basado en que se puso "en riesgo" el acto comicial del 1 de septiembre es "falaz", porque "de hecho, no sucedió".

Justificó que eligió la acción de amparo "porque teníamos una semana para actuar, era urgente y el agregado de los jóvenes de Bariloche al padrón electoral local, podría haberse realizado en 24 horas", apuntó.

El edil oficialista, Alejo Ramos Mejía, tomó el guante por el cuerpo legislativo, y si bien aclaró que "nos estamos manejando en el terrenos de la especulación", sostuvo que "sí se puso en peligro la elección", porque "algún juez podría haber dictado su suspensión, ante un derecho vulnerado". Galaverna afirmó que disentía con esa mirada.

Por su parte, la Asesora Letrada del Concejo, entendió que de haberse accionado en la Justicia Electoral, en lugar de en la Administrativa, la sentencia "podría haber sido otra".

En ese contexto de tenso debate, Galaverna demarcó el rol de la Defensoría del Pueblo, puesto en tela de juicio por los ediles, a partir de su accionar judicial. "Ni oficialistas ni opositores. Recomendamos medidas y atendemos las patologías del sistema, lo que no funciona o se incumple. Controlamos la vigencia de los derechos", dijo, en síntesis. Y agregó: "Uno no pude dejer de cumplir el rol para el que fue elegido".

Y cerró su exposición solicitando que se avance en la implementación del voto joven para 2015. "En materia jurídica, las cuestiones son opinables, debemos buscar la mejor estrategia". Ante ese cuestionamiento solapado al Concejo, Ramos Mejía respondió que "ya cintamos con el texto de la enmienda" de la Carta Orgánica y "lo que hicimos desde el cuerpo, fue sólo evaluar los tiempos políticos e institucionales, no podíamos movilizar a al gente para que vote en otro referéndum", consignó. Y aclaró: "No planchamos el proyecto del voto joven, decidimos posponer el referéndum que implicaba".

En tanto, el edil Mauro González (PVC) consideró que el rol de la Defensoría "no era accionar judicialmente, sino explicarle a los jóvenes solicitantes del derecho, cuál era la situación institucional de la ciudad".

Por último, el concejal Ramón Chiocconi (FpV), se mostró conciliador, y aunque defendió la postura del Concejo, afirmó que "no hay tiempos políticos en la ampliación de derechos". (ANB)