2013-09-20

Denuncian que Provincia autorizó cateos mineros en territorio mapuche

La mega-empresa multirubro Torello Hnos., con asiento en Bahía Blanca, adquirió derechos Mineros en una zona de 6.972 hectáreas ubicadas en las nacientes del Río Ternero, en territorios de la Comunidad Mapuche José Manuel Pichún. El Consejo Asesor Indígena denunció la situación y alertó sobre los "daños irreparables" que la explotación minera podría provocar en la cuenca del Puelo.

La Dirección de Minería del Gobierno rionegrino, autorizó tareas de cateos mineros en tierras de una comunidad mapuche, según advirtió el Consejo Asesor Indígena (CAI). Se trata de una zona en las nacientes del Río Tercero, que forma parte de los territorios ancestrales de la Comunidad José Manuel Pichún.

La "mega-empresa multirubro Torello Hnos., con asiento en Bahía Blanca, adquirió derechos Mineros en una zona de 6.972 hectáreas ubicadas en las nacientes del Río Ternero. Esta Empresa en su División Textíl es proveedora de indumentaria para las Fuerzas Armadas Nacionales y fabrica uniformes para casi todas las Policías Provinciales del país", se indicó desde el CAI.

"Denunciamos que nuestra Comunidad nunca fue notificada ni consultada de las decisiones que tomó el gobierno afectando nuestro territorio, violando así el Estado provincial todas las leyes vigentes provinciales, nacionales e internacionales relacionadas con los Pueblos Originarios".

El Consejo Asesor Indígena reiteró su oposición al "avance del cateo, exploración, prospección o explotación minera" dentro del territorio, y alertó "a toda la población ubicada sobre la Cuenca del Puelo sobre los daños irreparables que una explotación minera a cielo abierto provocaría en las surgentes de los arroyos".

El Río Ternero es uno de los que alimenta con sus aguas al río Quemquentreu, que atraviesa la localidad de El Bolsón, y desemboca en el Lago Puelo.

"Como Comunidad perteneciente al Pueblo Mapuche, reafirmamos nuestro compromiso de lucha ante cualquier intento de avasallamiento de nuestro territorio e invitamos a la población a estar alerta y sumarse a la lucha para la no instalación de la megaminería en ningún punto del Territorio", concluyeron los referentes del CAI.

Las tierras de la Comunidad José Manuel Pichún fueron objeto de una disputa judicial, al punto que, en 2011, el Juez Miguel Ángel Gaimaro Pozzi ordenó el desalojo de los integrantes de la comunidad para restablecer a la empresa forestal provincial EMFORSA la posesión de una fracción del territorio. (ANB)

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