Porqué no se prohíben los prostíbulos en Bariloche

Tras la denuncia de una presunta red de trata de personas en Bariloche, se instaló un profundo debate en relación a la adhesión del Municipio a la Ley provincial que prohíbe la instalación, funcionamiento y publicidad de cabarets y whiskerías en el territorio rionegrino. En 2012, los concejales Leandro Lescano, Carmen Giménez (AFSP) y la por entonces presidenta del cuerpo legislativo, María Eugenia Martini (PJ), presentaron un Proyecto de Ordenanza para que el Municipio se acople a esa Ley provincial y se convierta en autoridad de aplicación.

No obstante, la Asesora Letrada del Concejo dictaminó que para adherir a la norma sancionada en la Legislatura rionegrina, el Ejecutivo provincial debía reglamentar la Ley, paso que hasta el momento el GObierno de Alberto Weretilneck no dio.

Y justificó la observación: "Los Municipios que adhieran no saben de qué manera serán autoridad de aplicación, ni cómo será su actuación de manera conjunta y coordinada, en relación a prohibición impuesta y las disposiciones de clausura y cierre (de los locales) que se imponen en la ley provincial".

Ante ese nuevo elemento, los ediles elevaron una comunicación al Gobierno Provincial, para que, tal como se establece en la norma aprobada, cumplan con su reglamentación. El Ejecutivo rionegrino trabaja en ese sentido, pero aún no presentó la reglamentación en cuestión.

Mientras tanto, el Concejo y la Dirección de la Mujer Municipal, a cargo de Mercedes Pietranera, se enfocan en la norma local, evaluando la forma de se implementación. "Hasta que se apruebe la Ordenanza que adhiere a la Ley provincial, el Municipio pone eje en la prevención de la trata. Trabajamos alertando en los barrios, y especialmente en la población joven", sostuvo a ANB Pietranera, y agregó que luego de los allanamientos en dos locales de la ciudad -denunciados por presunta trata de personas- la Dirección de la Mujer se puso "a disposición" del fiscal de la causa.

En contraposición a lo recomendado por Asesoría Letrada del Concejo -esperar la reglamentación de la ley provincial para acoplarse-, una de las autoras de la ley provincial, la legisladora Arabela Carreras (FpV), sostuvo que la adhesión a esa norma, "sólo otorga un paraguas para articular trabajos conjuntos entre el Municipio y la Provincia, no es necesaria su reglamentación para aplicarla", planteó.

Y ejemplificó: "La prueba está en que las localidades de Viedma y General Roca, se aplicó sin la reglamentación. En el caso de la capital de la Provincia, se instauró de manera simultánea a la ley. En Roca, se aplicó antes. Ambas localidades avanzaron por sí mismas, basándose en la autonomía municipal", remarcó.

Para Carreras, "una forma inmediata para contrarrestar la trata de personas y a los explotadores sexuales, que lucran con el trabajo sexual de mujeres, consiste en que el Municipio no habilite comercialmente esos sitios". Incluso, tal como establece la ley provincial, para clausurarlos inmediatamente el Municipio "también tiene potestad, y puede no renovar las habilitaciones comerciales", señaló.

"La Ley es operativa, no es necesaria su reglamentación para aplicarla, la adhesión de los municipios, se logra simplemente no habilitando más este tipo de lugares", insistió consultada por ANB la parlamentaria.

En ese punto, la última Ordenanza Fiscal y Tarifaria aprobada por el actual Deliberante, se contrapone. Fija los nuevos tributos para esos locales comerciales, como uno de los tantos rubros a gravar. Salvedades, que tal como se hizo en la Ley provincial, pueden incluirse en un Proyecto de Ordenanza, para dejarlas sin efecto.

La norma provincial, sancionada en 2012, también dispone la clausura inmediata de los prostíbulos "si sus propietarios o administradores obtengan un lucro, ganancia o comisión por la explotación sexual o el ejercicio de la prostitución de terceros, hayan aquellos prestado o no su consentimiento".

En caso de violación de las cláusulas, los responsables de los locales son castigados con sesenta días de arresto, no redimibles por multa. Si reincidieran en la falta, se establece la aplicación de una pena de cárcel por el doble de tiempo.

La discusión de fondo

De forma paralela al debate por la aplicación de la ley, o norma municipal que avance en consonancia, se produjo un reflujo de una vieja discusión, en torno a la propia actividad y a la trata de personas.

Al respecto, Carreras manifestó que "no vamos contra las personas que se consideran trabajadoras sexuales, vamos contra los proxenetas y la trata de personas que se oculta en esos lugares. La prostitución no está prohibida por el Código Penal Nacional, por lo se puede ejercer de manera independiente libremente, e incluso a través de cooperativas. Apuntamos sólo contra el tercero que lucra con la explotación sexual del cuerpo ajeno".

En una misma línea, confió que las justificaciones de quienes argumentan en contra de este tipo de normas, "se esconden intereses económicos, signos de una sociedad machista, y el hecho de pensar que estos sitios pueden fiscalizarse para evitar el regenteo".

En efecto, la Ley provincial -de coautoría de la legisladora Susana Díeguez- establece que "al detectarse personas ejerciendo la prostitución de manera voluntaria, la autoridad de aplicación deberá resguardar de manera integral sus derechos".

Por su parte, la Directora de la Mujer, Mercedes Pietranera, confió que se autodefine como "abolicionista", respecto a "cualquier tipo de promoción de explotación sexual, más allá de que exista o no consentimiento", planteó específicamente aludiendo al Decreto que prohíbe los avisos con oferta sexual en los diarios de todo el país.

Por su parte, la Coordinadora de Trata de Personas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Gloria Bonatto, diferenció: "La trata de personas refiere a la captación, traslado y acogida con fin de explotación sexual. La prostitución es otra cosa".

Indicó, en tanto, que desde su área trabajan en toda la Provincia, a través de equipos técnicos, capacitando –incluso al personal administrativo- sobre la asistencia a las víctimas.

La funcionaria, opinó que "muchas campañas y leyes nacionales, ayudaron positivamente a avanzar en la erradicación de la trata". Entre esas medidas del Gobierno Nacional, destacó la Asignación Universal por Hijo, las políticas para evitar el trabajo informal, la suba en la edad para combatir el trabajo infantil y penalizarlo, entre otras.

Informó que existe un número telefónico gratuito (154) al que se puede acudir desde cualquier lugar del país para denunciar la trata de personas.

En tanto, sobre la cantidad de casos de trata y su visibilización, opinó: "No hay más casos, hay más denuncias".

Así, con mucho por hacer a nivel municipal, el tema y debate están abiertos, a la espera de medidas y definiciones. (ANB)