Aprobarán expropiación de tierras para la cárcel de Bariloche
La comisión de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo, dio dictamen favorable al proyecto, luego de reunirse -el pasado martes- con el subsecretario de Seguridad y Justicia, Daniel Badié, y el director de logística e Infraestructura, Luis Zanco, quienes explicaron la iniciativa.
Zanco indicó que el edificio propuesto para el complejo penal es una necesidad de larga data. Explicó que cuando se instauró el servicio penitenciario provincial, se ejecutaron obras en Viedma, Cipolletti y General Roca, y Bariloche quedó relegada, con un edificio "que ya desde hace tiempo no guarda para nada con las condiciones mínimas de habitabilidad ni las condiciones que imponen las normativas internacionales".
Afirmó que esta situación es proclive a que se generen conflictos internos, como revueltas o motines. A su vez, que el edificio está anclado en el corazón del cono urbano de la ciudad, lo que le impide crecer y ya cuenta con niveles de saturación muy marcados.
El arquitecto señaló que el terreno para la construcción de este nuevo edificio está por fuera de la línea de la ruta de circunvalación de Bariloche, y se encuadra en los parámetros de planeamiento del municipio.
La presidenta de la comisión, Silvia Horne (FpV), manifestó que este proyecto atiende uno de los problemas más graves que tiene nuestra política de seguridad, que es la situación de los penales.
"El penal de Bariloche ha estado en condiciones que no soportan ningún análisis desde el punto de vista de la legislación vigente, sobre todo los tratados a los cuales Argentina suscribe y defienden los derechos humanos de las personas allí alojadas".
Afirmó que esta medidas "es un punto importante dentro del marco de una política de seguridad que está llevando adelante la Provincia, en la que se plantea como una política inclusiva en el marco de la seguridad comunitaria, del respeto al derecho de todas las partes y planteando la seguridad como una política de servicio y de garantías que el Estado debe brindar a la población".
La comisión aprobó además un proyecto de ley de la legisladora Magdalena Odarda, por el que modifica la ley que suspende los remates judiciales de Inmuebles que constituyen unidades destinadas a la producción primaria.