Se realizó audiencia por el derrumbe de la Cooperativa Obrera
Se ampliaron los argumentos tras la apelación de las defensas por las prisiones preventivas y las calificaciones penales. En la causa están imputados Néstor Guerrero, propietario del inmueble sobre el supermercado que provocó el derrumbe; Alberto Diez, arquitecto a cargo de esa obra y el capataz José Silva Enriquez.
El abogado defensor de Guerrero, Martín Segovia, opinó que la prisión preventiva es una estrategia para "resolver los conflictos de forma inmediata dando una satisfacción aparente a los familiares" en "una especie de justicia efímera".
Aseguró que mantener presos a los imputados es "en base a una decisión política" y que "se retorció todo lo que se pudo para mantener la prisión preventiva". Agregó además que "no hay ninguna justificación procesal para mantener la detención de los tres" imputados.
El abogado del capataz Silva, Ricardo Cancela, se preguntó "¿Como se puede determinar capacidad y determinación a un albañil? ¿Como puede decir que tiene capacidad para determinar como se construye la estructura de un edificio?
Aclaró además que "con el argumento de que tiene experiencia todos los albañiles tendrían responsabilidad".
El abogado defensor del arquitecto Diez, Orlando Funes, también se pronunció en la misma línea que Cancela y Segovia, solicitando la revocatoria de la prisión preventiva.
Por otro lado, el fiscal del Tribunal Superior, José Gerez argumentó que "las victimas merecen que los imputados sean llevados a juicio". Afirmó que "el Ministerio Publico entiende que el recurso de casación sobre las prisiones preventivas debe ser rechazado".
El abogado querellante, Gustavo Lucero, afirmó que "el edificio enviaba sus señales y enviaba mensajes de alerta que eran interpretados por todos". Insistió en que "la responsabilidad recae sobre el propietario, el director de la obra y el ejecutor". Afirmó que "los sujetos que están como imputados conocían estas falencias".
Guerrero y Diez fueron procesados por estrago doloso agravado como coautores y Silva, como partícipes necesario.
La Sala Penal tendrá 20 días para resolver la apelación planteada esta mañana en el Tribunal. (Diario 8300)