Nueva dilación en el juicio contra Goye por la publicidad callejera

Como permisiva, al menos, puede calificarse la actuación del Tribunal de Contralor en cuanto a los plazos del juicio de responsabilidad que pesa sobre Omar Goye, por la explotación supuestamente irregular de la cartelería en la vía pública. El proceso promovido por el organismo de control determinará la responsabilidad de Goye, en el posible perjuicio al erario público provocado por la falta de cobro del canon correspondiente a la empresa Outdoor Media S.R.L., durante todo el año 2012.

De la investigación se desprenderá si existió una comercialización irregular y, en todo caso, quién o quiénes se beneficiaron por la venta de los espacios de publicidad conocidos como "chupetes".

El suspendido intendente, gozó del lapso de la feria judicial -un mes- para dilatar la presentación de pruebas que lo exculpen de la acusación que pesa en su contra.

Si bien, por Ordenanza, durante el lapso de la feria judicial "para la atención de los asuntos cuya urgencia no admita dilación", se establece que "quede a cargo un miembro del Tribunal con el personal que se determine"; en la práctica, Goye contó con un mes adicional para presentar pruebas, ya que el organismo de control, priorizó el derecho de defensa al extremo, y le otorgó un lapso extraordinario.

Así, vencido el plazo de la etapa de pruebas -el pasado 19 de febrero-, y con la posibilidad de declarar "negligencia de la prueba" -cuando la misma no se haya instado en los plazos establecidos, según normativa vigente-, el Tribunal de Contralor decidió otorgar una nueva extensión -por 20 días hábiles- para cerrar esa instancia. La decisión fue confirmada y justificada a ANB por la vocal del Tribunal, Daniela Núñez.

Si no se ofreciera la prueba o el Tribunal lo considerara insuficiente, de oficio podrá "disponer la producción de la que fuere pertinente y útil para el esclarecimiento de los hechos. Para la determinación de la procedencia del ofrecimiento de prueba, se aplicará un criterio amplio para la recepción de la misma, privilegiando en todo momento el derecho de defensa", según figura en la Ordenanza pertinente.

Lo cierto es que como contrapartida a las dilaciones, el Contralor aceptó de manera inmediata la recusación de la causa de unos de sus miembros -Carlos Freire (Pueblo)- para evitar postergar la investigación.

A Goye se le imputa, entre otros puntos, "no haber confeccionado la resolución y publicado el acto administrativo de rescisión del contrato por publicidad con la firma Outdoors Media S.R.L.; no haber realizado las acciones administrativas de control y fiscalización de la cartelería en la vía pública y haber concretado medidas en forma extemporánea como el retiro de cartelería varios meses después que se rescindiera el contrato con la mencionada empresa; y no haber iniciado las acciones por 'vía de apremio' para lograr que la firma que poseía la concesión, pagara los cánones adeudados, las tasas comerciales y cumpliera (o resarciera) con el plan de obras fijado en el contrato".

Por su parte, el apartado Jefe Comunal -a través de su descargo a la Ordenanza que lo suspendió como intendente e inició el proceso de revocatoria de mandato- manifestó que "no es necesario" rescindir el contrato por Resolución del Ejecutivo y consideró "suficiente y adecuado" como medio para notificar a Outdoors Media, una "carta documento -dirigida a la empresa- firmada por el Asesor Letrado del Municipio".

En una misma línea, sostuvo que durante su gestión al frente del Municipio inició tres acciones judiciales contra la firma, lo que "anula la acusación de negligencia" sobre la suspensión del cobro del canon correspondiente, por parte del Municipio. La causa, pese a que aún no tuvo dictamen, integró una de las causales del proceso de la revocatoria de mandato de Omar Goye.

Tras el cierre de la etapa de pruebas, se dará paso a los alegatos y finalmente a la sentencia, condenatoria o absolutoria, que, según los cálculos se dictaría a fines del mes de abril.

Además de la instancia del juicio de responsabilidad, el organismo de control tiene la facultad de presentarse como querellante de una causa penal, si presume que se cometió algún delito tipificado en el Código Penal. (ANB)