"Se ha naturalizado el incumplimiento del principio de legalidad"

"Los funcionarios públicos que integramos esos poderes juramos, al asumir nuestros cargos, respetar y hacer respetar la Constitución Provincial y las leyes que en su consecuencia se dicten por la Legislatura. El incumplimiento de este juramento implica incurrir en la responsabilidad penal descripta en los artículos 248 y Cc. Del Código Penal de la Nación que abarca el titulo abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público", indicó la legisladora.

"Corren tiempos donde parece que es más importante por quién juramos que el contenido mismo de ese juramento, que algunos ofrendamos a Dios. Ese compromiso es la base fundamental, ética y moral donde se debe asentar nuestra gestión", dijo Piccinini.

Señaló que "la Legislatura sin poder de autocorrección permite que un legislador integrante del cuerpo viole la Constitución y la Ley 3550 de ética e idoneidad en la función pública".

"En forma flagrante, continua y reiterada, ejerciendo su profesión de médico, lo que está expresamente prohibido. El artículo 127 de la C.P., violado por el Legislador Bartorelli, dice: 'Es incompatible el cargo de Legislador con...1. El ejercicio de profesión o empleo, con excepción de la docencia e investigación según la reglamentación´", añadió.

"No sólo incumple el legislador Bartorelli este precepto constitucional, sino que viola sistemáticamente la Ley 3550 que le prohíbe ser proveedor del Estado Rionegrino. Le factura al Ipross. Además le otorga certificados a sus pacientes que son pasibles de licencias, los que son presentados ante las autoridades de los distintos Ministerios y son aceptados como validos con la connivencia de altas autoridades", afirmó.

"El ministro de Obras Públicas admite en forma casi temeraria que viola la Ley J 286 que regula la contratación de la Obra Pública en la Provincia. Sin nada que lo justifique y autorice, el ministro suple las licitaciones de obras millonarias por contrataciones directas mediante insólitos sorteos", indicó la parlamentaria.

"Nada de lo que hace está enmarcado en la Ley. El Secretario de Energía con una liviandad que estremece, admite que la intervención de la Legislatura en el tema de las Prorrogas de los Contratos Petroleros enturbió sus planes, habló de intereses y sutilmente, condicionó al gobernador en el sentido de que si persistía la intervención legislativa (Comisión y Audiencia Pública) él dejaría su cargo", manifestó.

"Desconoce el funcionario las facultades y deberes que la C.P. que en su art.79 le impone a los Legisladores: 'Los yacimientos de gas, petróleo...en el territorio provincial y en la plataforma marítima son bienes del dominio público provincial. Su explotación se otorga por Ley´", expresó Piccinini en un comunicado.

"Sería imposible reseñar las causas de corrupción que no se resuelven nunca, principal razón por la cual la corrupción sigue impune. Las causas se dilatan en un tire y afloje de acuerdo al mayor o menor poder que las circunstancias terrenales otorgan a los actores institucionales involucrados en ellas", afirmó.

"En Río Negro se ha naturalizado el incumplimiento del principio de legalidad. Los mecanismos de autocorrección no funcionan dentro de los poderes. Los mecanismos de selección de los funcionarios están a tal punto relajados que los parámetros de idoneidad y honestidad son valores sin importancia y todo queda supeditado a la perversidad de un sistema que apela permanentemente a la improvisación y a la efímera circunstancia mundana", sentenció.

"Las cabezas de los tres Poderes deben 'poner la pica en Flandes´ y en forma urgente deben revertir este estado de flatulencia institucional que daña la credibilidad en el sistema democrático. Debe imperar en Río Negro el principio de legalidad, el respeto a la Constitución Provincial y a la Ley", agregó.

"La honestidad y la idoneidad en el desempeño de la función pública deben ser para los principales decisores institucionales las cualidades innegociables en el éxito de sus respectivas gestiones. Para que la respuesta institucional sea de calidad estas condiciones deben ser valoradas. No se trata de la proveniencia política de uno u otro candidato, se trata de los que están a favor de la aplicación irrestricta de la Ley y de los que la desconocen y la violan", dijo.

"La sociedad rionegrina nos está observando y no le gusta lo que ve. Creyeron en nosotros, no nos exigen que seamos perfectos, nos exigen que seamos respetuosos de la Ley sin privilegio alguno", señaló.