Segunda entrega: El misterio de los agrimensores prófugos
"Ustedes ya tendrían que estar acá". Palabras más, palabras menos, Francisco Lacal Montenegro dio en esos términos aviso al grupo comando escondido en el follaje, que podía actuar. Y así lo hicieron. Aproximadamente a las 9 horas del 11 de noviembre de 2009, el grupo paramilitar de entre tres y cuatro personas se hizo presente en el lugar, secuestró a Rafael Boné, Joel Indalisio Contreras Bahamonde y Joel Maximiliano Contreras Velázquez. Los responsables de la privación ilegítima de la libertad, las amenazas y lesiones fueron Cristian Aquino, Roberto Tello y Pablo Duarte, según la resolución de procesamiento dictada por el juez Miguel Ángel Gaimaro Pozzi.
Pero nada se sabe de los agrimensores Francisco Lacal Montenegro, y Eduardo Amor, sobre quienes pesa la sospecha de haber "entregado" a las víctimas del secuestro.
De acuerdo a la promoción de acción penal del fiscal Guillermo Lista, Lacal y Amor llegaron a la península aproximadamente a las 8,30 horas, con la intención de acceder a los once lotes con costa de lago que el empresario Diego Fenoglio, a través de la firma Gavenny Company S.A, adquirió en un remate judicial realizado en 2005.
Una vez más, como en otras oportunidades, los profesionales fueron interceptados por Rafael Boné, quien -acompañado por Joel Maximiliano Contreras Velázquez- les impidió el paso, argumentando que no podían transitar por su propiedad, única alternativa para llegar hasta el destino pretendido. Pero esa vez los agrimensores no se retiraron, ni realizaron una exposición policial. Lacal Montenegro utilizó su teléfono celular para, presumiblemente, avisar al grupo comando que podía comenzar a actuar. "Ustedes ya tenían que estar acá", dijo, según coinciden los tres testimonios de las víctimas del hecho.
Desde entonces nada más se supo de los agrimensores, como así tampoco de Juan Bautista Donghito, también procesado y presunto integrante del grupo comando.
Confiables fuentes tribunalicias explicaron a ANB que un par de semanas después del hecho, un informe policial del Destacamento Bahía Serena, certificaría que el jefe de los dos agrimensores involucrados, Julio Posse -quien a su vez trabajaba en los terrenos para Gavenny Company- habría justificado el silencio de sus empleados. En diálogo con autoridades policiales, Posse habría rechazado informar los números de teléfonos de los involucrados, y anticipó que les aconsejaría no presentarse ante la Policía, y que por el contrario sólo lo hagan a requerimiento judicial. Sin embargo, esto tampoco sucedió: Lacal Montenegro y Amor no respondieron los requerimientos de declaración en Tribunales.
El propio agrimensor Posse se negó a efectuar una declaración en sede policial, explicando que se contactaría con el Fiscal interviniente, Guillermo Lista.
ANB no pudo determinar si efectivamente Posse estableció contacto con el Fiscal Lista, aunque del testimonio de las fuentes consultadas por este medio no se desprende que ese encuentro y aporte de datos hubiese existido.
Más de cinco meses pasaron desde el violento hecho de la Península San Pedro. Ni la Policía ni la Justicia lograron dar con el paradero de los dos agrimensores prófugos.
Finalmente, ni la resolución ni la investigación judicial avanza sobre un punto llamativo: una línea ideológica une a algunos actores del hecho. Dos de los detenidos -ex militares- tenían en su poder al momento de ser detenidos y sus domicilios allanados, elementos de claro significado nacionalista -armas con insignias patrias adheridas, imágenes alusivas a las Islas Malvinas-; Posse es un reconocido defensor de los militares carapintadas, firmante incluso en un diario local de un obituario en recuerdo de Mohamed Alí Seineldín; y Lacal Montenegro es hijo de un Capitán del Ejército. (ANB)'