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Lo investigan por siete robos en Neuquén y el juez ordenó que quede en libertad

La Fiscalía había solicitado un mes de prisión preventiva por riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. El acusado deberá cumplir restricciones y presentarse tres veces por semana.
Permanecerán libres durante la investigación.
Permanecerán libres durante la investigación.

Un hombre fue imputado por siete robos y hurtos cometidos en distintos sectores de la ciudad de Neuquén entre mayo y noviembre de este año. Aunque la Fiscalía solicitó que permaneciera detenido durante un mes por los riesgos que, según sostuvo, representaba para el proceso judicial, el juez de garantías rechazó el planteo y dispuso que recupere la libertad bajo una serie de condiciones.

Se trata de R. J. C. A., quien fue detenido por la Policía el pasado 14 de noviembre, luego de intentar sustraer elementos de una vivienda y agredir a dos personas que lo descubrieron. A partir de ese procedimiento, los investigadores detectaron que el hombre tenía varias causas penales en trámite y que, además, se encontraba declarado en rebeldía.

Durante una audiencia realizada el sábado, la asistente letrada Nadia Pérez le formuló cargos por siete hechos delictivos que fueron reunidos en seis legajos judiciales. La acusación comprende distintos episodios de robos y hurtos, algunos de ellos en grado de tentativa, ocurridos durante los últimos meses en la capital neuquina.

Para respaldar la imputación, la representante del Ministerio Público Fiscal presentó testimonios de las víctimas y de efectivos policiales, registros de cámaras de seguridad, fotografías, actas de los procedimientos y elementos que fueron recuperados durante las intervenciones.

La investigación permitió reconstruir una serie de episodios que comenzaron en mayo y continuaron durante los primeros días de noviembre. Uno de los hechos más recientes fue el que terminó con su detención y derivó en el pedido de prisión preventiva.

Los siete hechos que le atribuyen

De acuerdo con la acusación fiscal, el primero de los episodios ocurrió el 5 de mayo. Ese día, el hombre habría intentado ingresar a una vivienda después de trepar un paredón de casi dos metros de altura. Sin embargo, el propietario advirtió la maniobra y el sospechoso escapó antes de poder llevarse algún elemento. Por este hecho fue acusado de robo agravado por escalamiento en grado de tentativa.

El 25 de mayo se registraron otros tres episodios por los que también fue imputado. En uno de ellos, habría sustraído un teléfono celular de un comercio. Ese mismo día, ingresó al patio de una vivienda y se llevó zapatillas, una mochila y otros objetos.

En otro procedimiento ocurrido durante esa jornada, intentó llevarse equipos electrónicos, cámaras, drones y distintos elementos de una casa. En este caso, la intervención policial permitió demorarlo a pocos metros del lugar, cuando todavía llevaba consigo los bienes que presuntamente había intentado sustraer.

La secuencia continuó el 1 de noviembre, cuando habría robado una bicicleta que estaba atada a un árbol en la vía pública. La maniobra quedó registrada por cámaras de seguridad, un material que luego fue incorporado como evidencia a la investigación.

El 12 de noviembre se produjo otro episodio. Según la acusación, el hombre ingresó al patio de una vivienda y se llevó una bicicleta, que posteriormente fue recuperada por la Policía.

El último hecho ocurrió el 14 de noviembre y fue el que permitió concretar su detención. La Fiscalía sostuvo que el acusado ingresó en dos oportunidades a una vivienda con intenciones de llevarse cuadros de bicicleta.

Durante el segundo episodio, el propietario y otra persona lo descubrieron y comenzaron a perseguirlo para evitar que escapara. En ese momento, el hombre habría reaccionado violentamente y golpeado a ambas personas con un fierro y un cabezazo para poder huir.

Por este último caso, la Fiscalía le atribuyó el delito de robo con arma impropia en grado de tentativa, debido a la utilización de un elemento contundente durante la agresión.

Por qué la Fiscalía pidió que siguiera detenido

Al finalizar la formulación de cargos, Nadia Pérez solicitó que el acusado permaneciera detenido durante un mes bajo prisión preventiva. Para fundamentar el pedido, sostuvo que existían riesgos concretos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Uno de los principales argumentos estuvo relacionado con la falta de un domicilio estable. Según explicó, el imputado había informado diferentes direcciones, pero cuando la Policía intentó localizarlo no pudo encontrarlo en ninguna de ellas.

También señaló que el hombre no había respondido a citaciones en otras investigaciones, que estaba declarado en rebeldía y que registraba antecedentes de incomparecencia a distintas audiencias judiciales.

La asistente letrada consideró que la cantidad de hechos investigados, su reiteración durante varios meses y la expectativa de una eventual condena superior a los diez años de prisión incrementaban las posibilidades de que intentara escapar para evitar el avance del proceso.

Otro de los puntos planteados estuvo vinculado con la situación de las dos víctimas del episodio ocurrido el 14 de noviembre. Pérez advirtió que el imputado las conocía, sabía dónde vivían y que ambas habían manifestado temor después de la agresión.

Por ese motivo, entendió que también existía un riesgo para su seguridad y que la detención preventiva era necesaria para evitar nuevos episodios de violencia o posibles intimidaciones.

El juez rechazó la prisión preventiva

El juez de garantías Marco Lupica Cristo no compartió los argumentos de la Fiscalía y resolvió rechazar el pedido de prisión preventiva.

Al fundamentar su decisión, consideró que el hecho de que una persona no tenga un domicilio fijo o haya informado diferentes lugares de residencia no significa, por sí solo, que carezca de arraigo. También valoró el compromiso asumido por el imputado de presentarse ante la Justicia y tuvo en cuenta que anteriormente había cumplido con las condiciones de una suspensión de juicio a prueba.

En relación con el temor manifestado por las víctimas, el magistrado entendió que el riesgo podía ser controlado mediante restricciones específicas de acercamiento y contacto, sin necesidad de mantener al acusado detenido.

De esta manera, el juez tuvo por formulados los cargos, estableció un plazo de tres meses para avanzar con la investigación y dispuso que el hombre recupere la libertad bajo determinadas medidas de coerción.

Las condiciones que deberá cumplir durante cuatro meses

La resolución establece que el imputado deberá cumplir una serie de obligaciones durante los próximos cuatro meses. La primera es presentarse los lunes, miércoles y viernes ante el Ministerio Público Fiscal para firmar una planilla y dejar constancia de su comparecencia.

Además, tendrá prohibido acercarse a menos de 100 metros de los domicilios de las dos víctimas del último episodio investigado.

Tampoco podrá mantener ningún tipo de contacto con ellas, ya sea de manera directa o por otros medios. La restricción incluye cualquier conducta que pueda representar intimidación, perturbación o violencia.

De esta manera, pese a los siete hechos que le atribuye la Fiscalía y al pedido de prisión preventiva, el hombre continuará el proceso judicial en libertad, aunque deberá respetar las medidas impuestas por el juez durante el plazo establecido.

 

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