Condenaron a cuatro policías por agredir y amenazar a dos adolescentes en una plaza de General Roca

Cuatro policías fueron condenados a penas de prisión en suspenso por un violento episodio que tuvo como víctimas a dos adolescentes en un espacio público de General Roca. La sentencia determinó distintos grados de responsabilidad para los efectivos y estableció que uno de ellos fue quien ejecutó las principales agresiones y amenazas contra los jóvenes.

El hecho ocurrió el 15 de junio de 2024, durante la madrugada, cuando los uniformados se movilizaban en un móvil policial tipo pick up mientras cumplían funciones en la Comisaría 47° de J.J. Gómez. Según la acusación, llegaron a un playón deportivo del barrio Alta Barda y protagonizaron una serie de acciones contra dos adolescentes.

La intervención policial se produjo entre las 2:05 y las 4:30. A partir de lo sucedido, los efectivos fueron investigados y posteriormente llevados a juicio por su participación en los hechos.

En la resolución, los jueces Oscar Gatti, Emilio Stadler y Verónica Rodríguez consideraron acreditado que uno de los funcionarios fue el responsable directo de las conductas agresivas contra las víctimas. También determinaron que fue quien realizó las amenazas utilizando un arma.

Por esos hechos, el policía señalado como autor recibió una condena de tres años de prisión de ejecución condicional por los delitos de privación ilegítima de la libertad con abuso de su función, vejaciones y amenazas con armas. Los otros tres efectivos fueron considerados partícipes necesarios y recibieron penas que van de los 24 a los 30 meses de prisión en suspenso.

Los planteos de las defensas

La resolución se conoció luego de que las defensas penal pública y particular solicitaran una modificación de la calificación legal y cuestionaran la extensión de las penas que había requerido la Fiscalía.

La defensora penal pública Flavia Rojas explicó que durante el debate plantearon que los hechos debían encuadrarse en una calificación legal diferente de la propuesta inicialmente por el Ministerio Público Fiscal. Según indicó, el Tribunal hizo lugar a ese pedido.

Además, durante la etapa destinada a determinar las penas, conocida como cesura, las defensas insistieron en que los montos solicitados por la Fiscalía eran elevados.

Rojas sostuvo que, en el caso de su asistida, el planteo fiscal no había tenido en cuenta su historia personal ni los testimonios incorporados durante el juicio, que la describieron como una persona pacífica.

Audiencia realizada en General Roca.

La defensora también remarcó un aspecto que consideró importante para evaluar la participación de las dos mujeres involucradas: durante el episodio, ambas habrían reclamado al policía identificado como autor que dejara de actuar contra los adolescentes.

Por su parte, el abogado Juan Pablo Chirinos argumentó que no existían elementos suficientes para justificar el cumplimiento efectivo de una pena de prisión en el caso de su defendido. En ese sentido, pidió que se contemplaran su situación familiar y las responsabilidades de cuidado que tiene a su cargo.

Qué determinó el Tribunal

En los fundamentos de la sentencia, los magistrados diferenciaron las conductas atribuidas a cada uno de los cuatro funcionarios policiales y establecieron que la responsabilidad principal por las agresiones y amenazas correspondió a uno de ellos.

La resolución señaló que quedó demostrado que ese efectivo llevó adelante todas las conductas agresivas contra las víctimas y que también fue quien profirió las amenazas con un arma.

De esta manera, los jueces determinaron una participación diferente para los otros tres policías, quienes fueron condenados como partícipes necesarios.

Las cuatro condenas serán de cumplimiento condicional, por lo que los efectivos no deberán ingresar a prisión mientras respeten las condiciones que establece este tipo de pena y las obligaciones fijadas en la sentencia.

El caso se originó a partir de un procedimiento policial realizado durante la madrugada en el barrio Alta Barda, donde dos adolescentes fueron víctimas de un accionar que posteriormente fue investigado y debatido en un juicio oral.